<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Después de cuatro años en el poder y en su peor momento según las encuestas y los resultados en las elecciones autonómicas en Madrid, Andalucía y Castilla y León, Pedro Sánchez acude al Congreso para protagonizar el primer debate sobre el estado de la Nación que ha tenido a bien convocar.</strong></h4> El presidente del Gobierno<strong> plantea la sesión que mañana arranca en la Cámara Baja como un intento de relanzar su imagen</strong> con la ventaja de no tener que medirse personalmente con el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, por delante en todos los sondeos, porque al no ser diputado tendrá que contentarse en formato de conferencia de prensa. En contra de los intereses del jefe del Ejecutivo juega el hecho de que <strong>los partidos de extrema izquierda y separatistas que le mantienen el poder aprovecharán para dejar constancia de que a ellos les debe el cargo y que su continuidad depende de que cumpla con las cesiones pactadas.</strong> Si Sánchez quiere salir a defender su gestión general, también la respuesta a la crisis provocada por la escalada de la inflación y los precios de la energía, sus socios de Podemos aspiran a marcar diferencias con el propio gabinete socialcomunista del que forman parte, en especial en la política internacional, el gasto en Defensa o en ayudas sociales. <strong>La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, está en la refundación del espacio político de la extrema izquierda</strong> que encabezó Pablo Iglesias y se postula como su posible heredera electoral con una imagen más amable. Desde el gabinete, se promociona marcando distancias con el giro promarroquí de Sánchez y con el aumento de las inversiones en Defensa, de momento con los 1.000 millones aprobados por el Ejecutivo más el acuerdo con los Estados Unidos para que la base de Rota acoja dos destructores más. A las diferencias internas en el Gobierno se unirá <strong>el coro de los aliados independentistas, siempre insatisfechos pese a las cesiones de Sánchez.</strong> Para paliar las protestas de los secesionistas catalanes, el jefe del Ejecutivo ha cerrado una <strong>entrevista con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, para el próximo viernes que se convoca en plano de igualdad</strong>, como si el presidente del Gobierno del Reino de España ya no representara a los catalanes y el de la Generalitat no fuera español. Después de indultar a los dirigentes de ERC condenados y encarcelados por sedición y malversación de fondos en la intentona separatista del 1 de octubre de 2017, Sánchez tiene que cuidar las relaciones con sus sucesores, Aragonés el primero, que le mantienen en el poder con los 13 diputados con que cuentan en el Congreso. Los independentistas quieren facilidades para avanzar en su proyecto de ruptura, la primera impunidad frente a la acción de la Justicia, e incluso la amnistía para sus delitos. <strong>Bildu, formación heredera del brazo político de la banda terrorista ETA, es el socio del gabinete más satisfecho con el sanchismo</strong> en el poder. Después de facilitar que la mayoría de los etarras cumplan condenas cerca de sus lugares de origen y cedidas las competencias de esas cárceles al Gobierno vasco para futuros beneficios de los pistoleros, el Ejecutivo se aplica en el blanqueamiento de la llamada “izquierda abertzale” como si fuera una formación de izquierda independentista más del conglomerado parlamentario “progresista” que le sostiene. Para asegurarse el apoyo de los cinco diputados de Bildu, <strong>Sánchez acaba de incluir en su ley de memoria democrática la teoría de que el franquismo se extiende hasta 1983 e incluye al primer gobierno del PSOE (de Felipe González)</strong> al efecto de reconocer derechos a terroristas de la banda muertos a manos de la policía. Frente al variopinto retrato de los grupos que apoyan al Gobierno estará en este debate <strong>el inusitado caso del partido de la oposición</strong> confirmado como alternativa, al menos en las encuestas y todas las elecciones regionales celebradas en el último año y medio. Su jefe de filas, <strong>Alberto Núñez Feijóo, estará, pero no podrá responder a Sánchez</strong>. Como senador, parlamentario en la Cámara Alta por designación del parlamento gallego, se sentará en el hemiciclo al frente de sus diputados, pero no hablará porque no es diputado. <strong>Será la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, la encargada de dar la réplica a Sánche</strong>z desde la tribuna. Feijóo tendrá que conformarse con ofrecer después una rueda de prensa en la que desgranará de nuevo su oferta de recetas para hacer frente a la crisis económica que paraliza a un gobierno al que acusa de ir siempre por detrás, con parches que siguen sin surtir efecto alguno frente a la inflación. <strong>El debate parlamentario, que tendrá más de espectáculo que de contenido práctico, si será decisivo para la estabilidad del Gobierno por adelantar cómo están los apoyos de Sánche</strong>z para acabar la legislatura ante su próximo examen decisivo: los presupuestos generales del Estado que se tienen que tramitar en el Congreso a partir de septiembre. Serán los primeros con ajustes y recortes.
