Su nombre es Silvia Idalia Serrano. Una española más, anónima, hasta que saltó durante unas horas a los medios porque, tras una operación de estética en abril, sufriría más tarde una infección por la que fue ingresada grave en el hospital madrileño de La Paz.
Ahora se le ha rebajado la sedación, evoluciona favorablemente dentro de su fragilidad y se ha comunicado con los facultativos en varias ocasiones, dentro de sus límites. Ya se piensa, de hecho, en preparar intervenciones para llevar a cabo injertos de piel en la zona afectada.
Desde la cautela, y gracias a un gran trabajo médico, se prepara ya una siguiente fase para la rehabilitación completa de quien fuera ingresada inicialmente en la clínica CEME, aunque fuese con posterioridad cuando se le detectase la infección.
De hecho, desde CEME dan por demostrado que en la operación el doctor no perforó a la paciente, y que el tipo de bacteria que le causó la septicemia no es compatible con una mala praxis médica por parte del centro. Algo que entienden y esperan que, más pronto que tarde, acreditará un informe forense.
Es un hecho que ya conocen fuentes judiciales que la mujer salió contenta de la clínica en la que fue operada y cuando llamó para decir que se encontraba mal se le dio cita al día siguiente en el hospital en el que estaba el médico que la había operado, quien la tuvo en observación durante once horas y le dio el alta tras hacerle varias pruebas y comprobar que ya no tenía fiebre.
Fue más adelante, cuando la paciente volvió a llamar porque se sentía peor, cuando los facultativos la vieron inmediatamente y, al constatar que esta vez sí parecía estar grave, determinaron su traslado en ambulancia a La Paz.
La clínica ha superado correctamente las inspecciones a las que ha sido sometida, lleva operando años a plena satisfacción de sus pacientes sumando casos de éxito. Hasta tal punto es así, que se ha visto obligada a denunciar en los juzgados a un grupo de personas que, aprovechando este caso aislado entre miles, están atentando contra el centro incurriendo, entre otros, en un presunto delito contra el derecho al honor y dañar, por consiguiente y de manera injusta e ilegítima, la reputación de los experimentados profesionales que lo integran.
