<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>El compromiso de aumentar el gasto en Defensa, con cifras y fechas, que Pedro Sánchez tuvo que aceptar en la cumbre de la OTAN ha abierto otra grieta en el Gobierno de coalición socialcomunista y obligará al jefe del Ejecutivo a apoyarse en el Partido Popular para sacar adelante inversiones en material militar.</strong></h4> La posición socialdemócrata clásica, europea y atlantista adoptada por el dirigente socialista para la reunión celebrada la semana pasada en Madrid choca con los intereses de sus socios y aliados que le mantienen en el poder, toda la extrema izquierda y los grupos independentistas. <strong>El PP reconoce la urgencia de ese esfuerzo presupuestario, pero al mismo tiempo condiciona su posible respaldo a reformas económicas basadas en un recorte de “gasto público ineficiente”</strong> que chirría con el proyecto sanchista que da estabilidad al gabinete. <strong>La salida del jefe del Ejecutivo</strong> ante la aparente contradicción que supone quedar bien con Joe Biden, la OTAN y los socialdemócratas europeos y gobernar con populistas y separatistas v<strong>uelve a estar en la llamada “geometría variable”</strong> que tanto juego le da desde que se hizo con el Gobierno en 2018 de la mano esos mismos socios. Desde su exigua representación parlamentaria, 120 escaños en un Congreso de 350 miembros, pacta sus proyectos más radicales e ideológicos con los extremistas de izquierda y se apoya en la derecha cuando algún asunto de Estado lo hace imprescindible. En la cuestión del incremento <strong>en el gasto militar el jefe del Ejecutivo empieza a tantear el mismo procedimiento de contar con el Partido Popular, y sin molestarse en consultas previas</strong>. Los partidos del sector comunista del gabinete rechazan apoyar cualquier esfuerzo en Defensa que se plasme en los Presupuestos Generales del Estado. Como paso previo, el plan del Gobierno consiste en adelantar, pero vía decreto, inversiones en material militar por valor de 1.000 millones de euros. <strong>Sánchez sabe que sus socios son reacios e incluso combatirán su iniciativa, pero da por hecho que la oposición no se atreverá a frenar el decreto en el Congreso</strong>. El presidente del PP, <strong>Alberto Núñez Feijóo,</strong> remitió el pasado mes de junio al presidente del Gobierno una serie de propuestas en cuestiones de Estado entre la que estaba la de habilitar un fondo especial de 3.000 millones para Defensa. La idea incluía la<strong> advertencia de que la inversión se debía hacer con cargo al “gasto público ineficiente”.</strong> Requería que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal identificara los objetivos para lograr ese ahorro. La Gobierno socialcomunista es el más caro que la conocido la democracia española. Tiene más ministerios que nunca (hasta 22), con carteras que eran solo secretarías de estado, e incluso direcciones generales, en gabinetes precedentes. También bate marcas sin precedentes en contratación de asesores e inversión en publicidad. Para el PP es el mejor indicativo de una forma de gobernar a base de multiplicar el gasto público sin tener en cuenta el déficit que se acumula. Es la marca económica del sanchismo, según la oposición. Hasta ahora, con otra crisis económica en ciernes por la guerra en Ucrania, <strong>Sánchez promete subir toda partida presupuestaria o exigencia de subvención sin mirar de dónde se puede recortar ni explicar de dónde sacará los fondos</strong>. El caso más paradigmático surgido con la escalada de la inflación es el de las pensiones. Actualizarlas, como el Gobierno da por hecho que hará, con un IPC del 7 por ciento a final de año, costaría unos 17.000 millones. En el caso del gasto en Defensa el esfuerzo presupuestario comprometido es mucho mayor en términos porcentuales. España sólo gasta en ese capítulo el 1 por ciento de su Producto Interior Bruto y después de remolonear durante cuatro años, el jefe del Ejecutivo ha tenido que comprometerse a duplicar ese porcentaje para 2029. No ha explicado cómo lo hará. En el plan de estabilidad remitido a Bruselas, para cuadrar cuentas y dar credibilidad a sus presupuestos, limitaba el gasto en Defensa a un 1,2 por ciento del PIB para 2025. Y duplicar las inversiones en armamento en seis años costaría unos 12.000 millones de euros. <strong>Para ayudar a Sánchez</strong> a cumplir su compromiso, que no deja de ser el adquirido por España en la cumbre de la OTAN celebrada en Gales en 2014<strong>, el PP pide un pacto de Estado en la materia que considera imprescindible más allá de los 1.000 millones que el Gobierno aspira a poner sobre la mesa ahora.</strong> Es un acuerdo que daría estabilidad a medio plazo a los presupuestos en Defensa, pero que requiere unas reformas económicas generales (austeridad y recortes en el aparato político y burocrático del Estado) que Sánchez y sus socios rechazan de plano. Falta por ver si Feijóo presta gratis apoyo al presidente del Gobierno para que salve su anuncio de invertir más en Defensa o si se planta para no agravar el problema de un déficit público desbocado.
