The Diplomat
La veintena de contratados laborales de la Administración General del Estado español que prestan servicio en la Embajada de España en Irlanda, así como en la Oficina Comercial, la Oficina de Turismo y el Instituto Cervantes, se ha unido a las protestas de sus colegas de Reino Unido, Países Bajos y Alemania, entre otros, para reclamar una “mejora inmediata” de sus condiciones laborales.
Según informaron fuentes los propios trabajadores, “la administración española incumple desde 2009 el acuerdo de 1990 entre sindicatos y administración por el que el salario del personal laboral exterior estaba sujeto a una revisión salarial anual en función de las subidas del IPC local y las fluctuaciones de la moneda del país”. El pasado 27 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia ratificó la sentencia que daba la razón al colectivo, “que está en pie de guerra contra la administración pública para que la sentencia se cumpla”, añadieron.
Además de participar en la iniciativa global Lunes negros en el servicio exterior, impulsada por los sindicatos, el colectivo personal laboral exterior de Irlanda se movilizó el pasado 10 de junio en las puertas de la Embajada de España en Dublín para denunciar el deterioro de su situación a causa del “enorme encarecimiento del coste de la vida en este país”.
Con el sueldo congelado desde 2009, con la única excepción de una mínima subida del 1,1% en 2019, el colectivo denuncia que lleva 13 años sufriendo una merma de sus condiciones laborales y salariales. En este tiempo de congelación, Irlanda ha sufrido un incremento del IPC del 13,1%. Además, Dublín se ha convertido en una de las ciudades más caras del mundo para vivir, debido en gran medida a la crisis de la vivienda. El precio medio de un alquiler en Dublín se ha duplicado desde 2011, siendo hoy en día de 2.065 euros al mes. En Irlanda no existe la sanidad pública universal y hay carencia de servicios públicos de calidad.
En su lista de reivindicaciones se incluyen también una actualización de las categorías laborales, el establecimiento de una revisión anual de los salarios en función de la subida del IPC en Irlanda, compensaciones para el pago de un seguro médico a los trabajadores que no tienen acceso a la tarjeta médica sanitaria irlandesa y compensaciones por no poder percibir las ayudas nacionales para el transporte público.
