<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno acude a la Unión Europea para intentar revertir la doble decisión de Argelia de suspender el Tratado de Amistad y de congelar las relaciones comerciales con España, unas medidas que han sido rechazadas por la propia Comisión Europea y que incluso podrían violar los acuerdos entre Argel y Bruselas. A la espera de acontecimientos, el Ejecutivo sigue con su habitual tono conciliador para estos casos, mientras que tanto la oposición como las formaciones más afines a Pedro Sánchez (salvo el PSOE) acusan al presidente de no haber sabido calcular las consecuencias de su inesperado cambio de rumbo respecto al Sáhara Occidental.</strong></h4> <strong>Los conflictos nacionales y territoriales del Magreb le han vuelto a estallar en la cara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez</strong>. Los problemas comenzaron en la primavera del año pasado, con la entrada clandestina e irregular en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que derivó en una gravísima crisis diplomática con Marruecos y le sirvió de excusa a Rabat para elevar la presión contra Madrid para que modifique su política hacia el Sáhara Occidental. La solución que encontró Sánchez para ello llegó el pasado 18 de marzo, cuando, en una carta remitida al rey Mohamed VI, declaró oficialmente que la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental es “la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa”. <strong>Aquel cambio de rumbo radical de la política exterior española permitió superar la crisis diplomática bilateral con Marruecos, pero al precio de arruinar las buenas relaciones con Argelia, principal suministrador de gas a España</strong> -un dato nada irrelevante en la actual crisis energética causada por la guerra en Ucrania-, lo que se ha traducido, hasta la fecha, en la llamada a consultas del embajador argelino en Madrid y en la doble decisión de Argelia, anunciada este miércoles, de suspender el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España y de congelar, a través de la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros (ABEF) de Argelia, las domiciliaciones bancarias relacionadas con las operaciones de comercio exterior de productos y servicios desde y hacia España. En su habitual línea conciliadora, <strong>el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares</strong>, aseguró ayer a la prensa que se estaban analizando “exactamente las implicaciones de esa medida, el alcance práctico, tanto a nivel nacional como europeo”, a fin de dar una “respuesta adecuada, serena y constructiva pero también firme en la defensa de los intereses de España y de las empresas españolas”. Asimismo, y como también es habitual en él, se escudó en la “discreción” para no aclarar si ya había habido contactos con las autoridades argelinas y reiteró el deseo de España de “tener las mejores relaciones con Argelia”. En lo que respecta al posible efecto en el suministro energético por parte de Argelia, aseguró que “el flujo de gas sigue la línea habitual y no tiene, en estos momentos, ningún inconveniente”. <strong>Según informaron fuentes gubernamentales a los medios de comunicación, la respuesta “serena y constructiva” del Ejecutivo podría pasar por la UE, concretamente por la posibilidad de denunciar a Argelia ante Bruselas por incumplimiento del Acuerdo de Asociación de 2005</strong> en lo relativo a la decisión del país norteafricano de congelar las operaciones comerciales. De acuerdo con ese acuerdo, Argelia no puede discriminar a ningún Estado miembro de la UE en esta materia. Bruselas no tiene competencias comunes en política exterior, pero sí para negociar acuerdos comerciales con terceros países y proteger los intereses de los Estados miembros en este ámbito (como sucedió con la decisión del entonces presidente de EEUU Donald Trump de elevar los aranceles a la aceituna negra española). Precisamente, <strong>el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, declaró ayer en Bruselas que “la decisión argelina de suspender el acuerdo de Amistad con España es extremadamente preocupante” y, por ello, instó a Argelia a “revisar su decisión”.</strong> “Estamos estudiando el impacto de la decisión y buscando los canales diplomáticos y trabajando con España para encontrar una solución”, añadió. Por su parte, la portavoz de Exteriores de la UE, Nabila Massrali, instó a Argelia, “un socio importante de la UE en el Mediterráneo y un actor clave de la estabilidad regional”, a “revisar su decisión” y a trabajar “con España para superar los desacuerdos actuales”. De momento, <strong>Albares viajará hoy a Bruselas para entrevistarse con el vicepresidente de la Comisión para la política comercial de la UE, Valdis Dombrovskis</strong>, lo que le obligará a anular su viaje a Los Ángeles para participar en la Cumbre de las Américas a invitación de Estados Unidos, según informaron fuentes diplomáticas a la agencia Europa Press. En su lugar, acudirá la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela. <h5><strong>Marlaska niega cualquier vínculo con la nueva llegada de pateras</strong></h5> Por otra parte, el resto del Gobierno (salvo su presidente, quien ni siquiera mencionó a Argelia durante su comparecencia del miércoles en el Congreso para abordar la nueva política hacia Marruecos) mantuvo ayer una postura similar a la de Albares <strong>La portavoz de Gobierno, Isabel Rodríguez</strong>, insistió en que el deseo de Moncloa es “restablecer las relaciones con el país vecino y reconducirlas cuanto antes”; <strong>la ministra de Hacienda, María Jesús Montero</strong>, aseguró que los actuales contratos entre la compañía argelina Sonatrach y las empresas españolas para el suministro de gas argelino siguen vigentes y “va a seguir proporcionándose, como se viene haciendo durante este tiempo”; y <strong>el ministro de Presidencia, Félix Bolaños</strong>, declaró que el Tratado de Amistad no se ha roto, sino que se ha suspendido, y, por tanto, la decisión de Argelia no es “definitiva” y aún se está a tiempo de restablecer este tratado “cuanto antes” para “tener una relación normalizada y leal”. Por su parte, <strong>el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska</strong>, aseguró que Argelia es un “un socio relevante e importante” y descartó que la suspensión del Tratado vaya a afectar a las actuales áreas de cooperación, al tiempo que <strong>rechazó que la llegada, ayer, de varias pateras con 113 migrantes desde Argelia a Baleares esté relacionada con esta crisis diplomática</strong>. Asimismo, <strong>la vicepresidenta tercera para la Transición Ecológica, Teresa Ribera</strong>, aseguró que “las empresas que contratan gas procedente de Argelia están operando con normalidad”. No obstante, Ribera adoptó un tono ligeramente más contundente al anunciar que, en caso de que las decisiones de Argelia afectasen al suministro de gas, España acudiría a los tribunales y a los mecanismos de arbitraje internacional. <h5><strong>Oposición y socios de gobierno e investidura</strong></h5> Como era previsible, la opisición aprovechó este nuevo revés diplomático para cargar contra el Gobierno. <strong>El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo</strong>, pidió ayer a Argelia que sepa distinguir entre el Gobierno y el pueblo español y que, por tanto, no sean los ciudadanos los que paguen “los efectos de una política internacional improvisada”. “El presidente Pedro Sánchez prometió resultados, y el primero ha sido la crisis diplomática con un aliado estratégico como es Argelia”, declaró. En una línea parecida, <strong>el presidente de Vox, Santiago Abascal</strong>, declaró que “los caprichos de un dirigente nunca pueden marcar la política exterior de un país”. De momento, <strong>PP y Ciudadanos (que calificó de “negligente y pésima” la política del Gobierno) ya han solicitado la comparecencia de Albares y de Ribera ante el Congreso</strong> para que rindan cuentas sobre las represalias de Argelia contra España y sobre sus consecuencias. El <strong>ex presidente del Gobierno José María Aznar</strong>, firmante del Tratado con Argelia en 2003, calificó ayer de “ridículo colosal” este nuevo capítulo de la crisis diplomática con el país norteafricano. También hubo críticas en el entorno del Gobierno, incluidos sus socios de investidura. <strong>La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz (de Unidas Podemos),</strong> declaró que está “claro” que el cambio de política hacia el Sáhara Occidental (al que ella misma se ha opuesto reiteradamente) tiene “consecuencias” y <strong>el portavoz de Unidas Podemos (socio minoritario en el Gobierno de coalición) en el Congreso, Pablo Echenique</strong>, advirtió de que el “detonante” de esta crisis es el cambio de rumbo del Ejecutivo respecto al Sáhara Occidental, aunque expresó su confianza en que tanto Albares como Sánchez puedan reconducir esta crisis a fin de evitar la dependencia del gas licuado procedente de Estados Unidos. El PNV advirtió de las consecuencias directas de esta crisis en la industria, el líder de Más País, Íñigo Errejón, atribuyó esta situación al “bandazo” sobre el Sáhara Occidental, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, calificó de “frivolidad” la decisión “unilateral” de Sánchez sobre la ex colonia española y Bildu pidió al Gobierno que “rectifique” y recupere la posición tradicional de España sobre este conflicto.
