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El Parlamento Europeo autorizó ayer la puesta en marcha de una iniciativa legislativa para crear una circunscripción electoral única de cara a las elecciones europeas.

La propuesta de reforma del Acta Electoral de la Unión, cuyo ponente es el eurodiputado español Domènec Ruiz Devesa (S&D), prevé que cada votante tenga dos votos: uno para las circunscripciones nacionales y otro para la circunscripción de la Unión, dotada con veintiocho escaños. El actual Acta Electoral Europea data de 1976 y fue modificada en 2002 y 2018, aunque este último cambio aún no ha entrado en vigor.

Para garantizar una representación geográfica equilibrada en esas listas paneuropeas, los Estados miembros se agruparían en tres bloques, en función de su población. Las listas reflejarían de forma proporcional estas categorías. Las listas de candidatos para la circunscripción de la Unión habrían de ser presentadas por entidades electorales europeas: coaliciones de partidos políticos nacionales, asociaciones nacionales de votantes o partidos políticos europeos, por ejemplo.

“Esta reforma incrementará la visibilidad de los partidos políticos europeos y les permitirá (y especialmente a sus candidatos en las listas transnacionales) hacer campaña en toda la UE, lo que contribuirá a generar un debate paneuropeo”, declaró el ponente español. “La gente sabrá que están votando a listas europeas y a candidatos a la presidencia de la Comisión”, añadió.

Asimismo, a fin de acabar con la desigualdad de género (en las elecciones de 2019, algunos Estados miembros no eligieron ni a una sola mujer), el texto quiere imponer la obligatoriedad de las “listas cremallera” (que alternan candidatos y candidatas) o de las cuotas.

El proyecto de texto legislativo fue aprobado con 323 votos a favor, 262 en contra y 48 abstenciones. Tal como establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo debe pronunciarse por unanimidad en favor de cualquier iniciativa legislativa del Parlamento. A continuación, los cambios legales volverán al Parlamento para el visto bueno de la Cámara, antes de ser aprobados por todos los Estados miembros según sus propios ordenamientos constitucionales. Las negociaciones con el Consejo de cara a la redacción de las disposiciones comenzarán una vez los Estados miembros hayan adoptado una posición.