<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>El viaje a España del Rey emérito, Juan Carlos I, también divide al Gabinete de Pedro Sánchez. El Gobierno ofrece esta vez un reparto de papeles entre sanchistas que piden explicaciones públicas al anterior jefe del Estado y comunistas que aprovechan para entrar en campaña contra la Monarquía constitucional. El jefe del Ejecutivo, a su estilo, deja hacer a unos y otros mientras la oposición le acusa de dejación de funciones.</strong></h4> Hasta algún dirigente del PSOE como el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha,<strong> Emiliano García-Page, advierte que su partido no debe seguir el juego a quienes van “contra la institución”</strong>. El presidente autonómico se refiere al conglomerado de socios y aliados de Sánchez, desde la extrema izquierda de Podemos y sus distintas marcas a los independentistas catalanes y vascos. La visita del emérito, después de casi dos años de residir en Emiratos Árabes Unidos, ha derivado de un episodio más de las contradicciones internas del Ejecutivo de coalición. Desde que llegó al poder, Sánchez presume de controlar la Fiscalía, especialmente tras poner al frente de la misma a su primera ministra de Justicia y diputada del PSOE, María Dolores Delgado. Y la Fiscalía archivó en marzo pasado las investigaciones abiertas sobre don Juan Carlos por posibles delitos fiscales. Según el argumentario elaborado ahora en el Palacio de la Moncloa, <strong>Sánchez y los ministros del sector socialista repiten que el anterior jefe del Estado debe dar las explicaciones que no tuvo que dar a la Fiscalía.</strong> Mientras l<strong>os ministros comunistas y los aliados separatistas subían el tono</strong> y el nivel de insultos al emérito, calificado directamente de “delincuente” o “ladrón”, los ministros socialistas añadieron que también tenía que pedir perdón, aunque tampoco concretaron qué delito le imputaban. <strong>Sánchez se presenta como gobernante respetuoso con la institución de la Monarquía</strong>, incluso como impulsor de medidas que supondrán su modernización con más transparencia, y ha renunciado a promover el fin de la inviolabilidad de la figura del Rey que figura en la Constitución como prometió durante algunos meses. <strong>Podemos y los partidos independentistas que sostienen el Ejecutivo socialcomunista se declaran antimonárquicos y republicanos</strong>. En el caso del partido fundado por Pablo Iglesias su referente histórico es la II República española. El proyecto de los separatistas catalanes y vascos de Bildu (formación heredera del brazo político de ETA) es crear sus propias repúblicas. <strong>Los socios y aliados de Sánchez suman a los insultos a Don Juan Carlos el desprecio al actual monarca, Felipe VI,</strong> para dibujar un “horizonte republicano” que liquide el “régimen del 78”. Así se refieren al vigente sistema democrático, la Monarquía parlamentaria, nacida del consenso y la Constitución votada entonces. Hay <strong>un sector el PSOE, el que representan algunos barones autonómicos</strong> como es el caso de García-Page, que <strong>se siente continuador de ese consenso del 78</strong> en el que estuvieron los socialistas, entonces con Felipe González al frente. Pero Sánchez gobierna con los republicanos de todo ámbito y prefiere ponerse de perfil cuando sus socios cargan contra la institución que representa además la unidad de la nación. <strong>La extrema izquierda y los separatistas cultivan a sus bases electorales cuando entran en campaña contra la Monarquía parlamentaria</strong>. Las denuncias sobre el comportamiento personal y fiscal de Juan Carlos I les han dado soporte para su nueva ofensiva sin que el jefe del Gobierno quiera o pueda pararles los pies. De ahí que l<strong>a oposición, con el Partido Popular al frente, acuse a Sánchez de perjudicar el prestigio de las instituciones del Estado</strong>, ayer los servicios secretos por el caso Pegasus hoy la Monarquía, con tal de seguir en el poder sin incomodar a sus aliados. <strong>La preocupación de García-Page es compartida por otros dirigentes autonómicos del PSO</strong>E (especialmente en Extremadura y Aragón) que ven en las <strong>alianzas</strong> del presidente de su partido <strong>con todo tipo de republicanos un lastre ante los próximos comicios regionales</strong>. Sánchez quiere apurar la legislatura hasta el final, diciembre de 2023, pero antes llegarán las elecciones autonómicas, justo dentro de un año, y serán los García-Page y compañía los primeros en examinarse en las urnas.
