<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno empieza a reconocer el calado de la crisis económica que se avecina, pero prioriza sus compromisos con los independentistas frente a cualquier acuerdo con los agentes sociales o la oposición para frenar la inflación, contener el déficit público o bajar impuestos.</strong></h4> Después de la semana negra en que salvó otro decreto en el Congreso por los pelos y tuvo que admitir ante la UE el frenazo de la economía española, Pedro Sánchez se reafirmó en sus principios: <strong>nada de reformas, convivir con la disidencia interna en el gabinete y a recuperar el favor de sus aliados independentistas catalanes.</strong> Entre marzo y abril el Ejecutivo socialcomunista ha pasado de vender a la opinión pública una recuperación económica que daba por hecho y prometía que iba a ser “justa” a comunicar por escrito ante Bruselas que esa <strong>recuperación no existe y queda aplazada otro año,</strong> para el primer trimestre de 2023. <strong>La invasión de Ucrania por las tropas de Putin sirve al Gobierno para disimular el cambio</strong> en unas previsiones oficiales que ningún organismo internacional o institución nacional (del FMI al Banco de España) se había creído: que el Producto Interior Bruto español iba a crecer hasta el 7 por ciento. Ahora se queda en un 4,3 por ciento. La propaganda gubernamental insiste en centrar en la agresión rusa el origen de todos los desajustes de la economía nacional, aunque la inflación estaba disparada desde el pasado otoño y llegó a superar el 7 por ciento antes de la invasión de Ucrania. El Ejecutivo también reconoce de golpe que España se enfrenta a las consecuencias económicas de la guerra con un retraso acumulado, el fruto por las consecuencias de la pandemia. Los principales países de la UE recuperaron sus niveles previos de PIB a finales de 2021, año y medio antes de lo previsto ahora para el ámbito nacional. A la sinceridad obligada en los planes para Bruselas se unió el último dato oficial aportado por el Instituto Nacional de Estadística al fijar en un raquítico 0,3 por ciento el crecimiento registrado en el primer trimestre del año. Ante ese panorama de <strong>deterioro de la economía,</strong> en el Partido Popular no se acaban de creer cómo ha podido Sánchez desechar el hilo de entendimiento que dejaba el documento de 40 folios de <strong>propuestas en la materia remitido por Alberto Núñez Feijóo a Pedro Sánchez</strong>. Ni rebajas fiscales, ni líneas de ayuda, ni ajustes burocráticos o medidas de ahorro en la administración. El Gobierno no quiere hablar de economía con la oposición, sólo de los nombramientos pendientes en el Consejo General del Poder Judicial desde hace tres años. El jefe del Ejecutivo confirmó la pasada semana que<strong> fía el futuro del gabinete al estricto cumplimiento de sus pactos con la extrema izquierda y los independentistas</strong> (más gasto público y más poder para los separatistas) y descarta cualquier acuerdo de Estado para enfrentarse a una crisis económica que amenaza con una nueva recesión. De momento, Sánchez prefiere centrarse en <strong>recomponer su conglomerado de apoyos parlamentario</strong>s que se ha roto por el lado de ERC a raíz del caso Pegasus, por el espionaje del Centro Nacional de Inteligencia a dirigentes secesionistas catalanes. Ya ha admitido la<strong> campaña de Podemos y los nacionalistas contra su ministra de Defensa, Margarita Robles,</strong> para contentar a todos sus socios que, crecidos, piden su cabeza. El presidente del Gobierno necesita sus votos para aprobar las leyes pendientes y decretos por venir si quiere mantener viva la legislatura. Sigue el particular juego que se trae con sus aliados: siempre amagan con una ruptura que nunca llega porque se necesitan mutuamente para seguir en el poder. <strong>Sánchez puede tener de margen hasta el verano para seguir de espaldas a las reformas económicas, pero no más</strong>. En julio espera recibir el segundo pago de 12.000 millones de las ayudas europeas para la recuperación y, al mismo tiempo, el Banco Central Europeo dejará de comprar deuda pública. España está en la peor posición para acudir a los mercados, con una deuda disparada hacia los 1,5 billones de euros, lo que supone ya un 110 por ciento del PIB. Sánchez tendrá que explicar entonces cómo pagará el prometido aumento (y por ley) de las pensiones hasta compensar la subida de la inflación o qué hará con los sueldos de los funcionarios, los primeros amenazados con los recortes.
