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Venezuela ha sido condenada a pagar a 1.647 millones de dólares (unos 1.500 millones de euros) por la expropiación de la empresa española Agroisleña, llevada a cabo por el régimen chavista en 2010.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) emitió el pasado día 23 un laudo arbitral, por el que condena a Venezuela a abonar 1.629 millones de dólares al Grupo Agroinsumos Iberoamericanos en compensación por haber incumplido el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Venezuela y España, al expropiar sus inversiones en las sociedades venezolanas Agroisleña C.A., Insecticidas Internacionales C.A., Proyefa C.A. y Venezolana de Riego C.A.

A esa cantidad, se añadirán los intereses sobre la compensación concedida al tipo Libor aplicable a los depósitos a seis meses denominados en dólares estadounidenses más 4 puntos porcentuales, capitalizados anualmente desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en que Venezuela haya pagado íntegramente.

Además, el arbitraje condena al Estado venezolano a pagar 1.108.819,24 dólares por costos del procedimiento y 16.308.725,30 dólares por los gastos a los que tuvo que hacer frente el Grupo Agroinsumos Iberoamericanos en la defensa de sus derechos.

En total, Venezuela tendrá que abonar al grupo español, como mínimo, el equivalente a 1.500 millones de euros, como consecuencia de la decisión adoptada por el Gobierno de Hugo Chávez en octubre de 2010, de expropiar Agroisleña, una compañía fundada, cincuenta años antes, por el empresario canario Enrique Fraga en el estado de Trujillo, en el oeste de Venezuela.

Chávez sorprendió a los dueños de Agroisleña, que poseía ocho silos y 60 sucursales, daba empleo a 1.800 trabajadores y producía el 70% de insumos para cultivos. La decisión, que afectó a 18.000 productores, fue anunciada por el entonces presidente de Venezuela con la frase: “Ven a mi que tengo flor”, sumando Agroisleña a los centenares de fincas que hasta entonces había expropiado. Chavez acusó a la empresa española de especular la semilla y, los fertilizantes.

Las autoridades españolas trataron de interceder para que Chávez revirtiera su decisión, pero no lo lograron, por lo que en 2016 la empresa recurrió al CIADI para que dictara el arbitraje que ahora se ha conocido.

El laudo ratifica que la misión del Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos es contribuir con el desarrollo de la producción agrícola en los países en los que opera, ofreciendo apoyo integral a los agricultores, mediante la oferta oportuna y suficiente de insumos, maquinarias y equipos agrícolas, la recepción y almacenamiento de cosecha, asistencia técnica e incorporación de nuevas tecnologías.