Pedro Canales
Periodista
La sociedad española en su conjunto, clase política y ciudadanos, ha reaccionado estos días frente a la cuestión del Sáhara. Ha bastado que el presidente Pedro Sánchez se pronunciase por explorar la vía de la autonomía regional propuesta por Marruecos “como la más idónea” para resolver el conflicto que lleva casi medio siglo para que se hayan levantado aires huracanados.
Pero, más allá de las reacciones sentimentales de unos, y calculadamente políticas de otros para alzarse contra el Gobierno de España, la realidad es que la opción del Referéndum de autodeterminación que las Naciones Unidas propiciaron en los años 90 del siglo pasado no es viable. Hacer una consulta referendaria de una población dispersa en el desierto es muy difícil; pero hacerla de una población dispersa en el mundo es sencillamente imposible.
¿Quién votaría? ¿Cómo votaría? ¿Y qué se preguntaría a la ciudadanía? ¿Está usted de acuerdo en volver al territorio del Sáhara Occidental en el caso de que se apruebe la opción de autonomía regional propuesta por el Reino de Marruecos? O ¿está usted dispuesto a volver al territorio del Sáhara Occidental, si triunfa la opción de independencia del territorio con la constitución de un nuevo Estado? ¿Se trataría de hacer una consulta en abstracto sobre el futuro del territorio, o una consulta que conlleva un compromiso para volver al territorio?
En cualquiera de los escenarios posibles para ese ejercicio del derecho de autodeterminación, al que tanto se aferran algunos países, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, la consulta es inviable.
Entre otras razones, por la dispersión existente de los ciudadanos saharauis por todo el mundo. En este medio siglo de conflicto, la situación ha cambiado radicalmente.
La población saharaui de origen está enormemente dispersa, si bien los dos agrupamientos más relevantes se encuentran en los campamentos de Tinduf (unos 140.000 ciudadanos) y el territorio de las antiguas provincias españolas (otros 150.000 aproximadamente). El resto de los ciudadanos saharauis de origen, unos 100.000 más, se encuentran dispersos en el mundo, sea como inmigrantes, sea como ciudadanos de otros países en los que han adquirido la nacionalidad. En Mauritania se habla de unos 20.000 los saharauis instalados sobre todo en el norte del país, donde viven tribus ancestrales también saharauis; en España, no son menos de 18.000 los saharauis residentes, una gran mayoría con nacionalidad española, y de ellos muchos en Canarias; la diáspora saharaui es igualmente muy numerosa en Francia, Italia, Alemania, Estados Unidos y otros países occidentales. En cuanto a la ciudadana saharaui existente en Cuba y en varios países de América Latina es también numerosa. A estas cifras hay que añadir la de los miles de ciudadanos que han llegado al territorio del antiguo Sáhara español procedentes de otras provincias marroquíes o de otros países, y que constituyen ya dos generaciones nacidas en el mismo, con lo cual sus derechos como ciudadanos son incuestionables.
Además de los problemas inherentes a la posibilidad de creación de un nuevo Estado en un territorio de 252.000 kilómetros cuadrados con una población total de saharauis oriundos y ciudadanos venidos de otros rincones de Marruecos, Argelia y Mauritania, que totalizan el medio millón de personas, hay el problema concreto pragmático: ¿en base a qué se puede cohesionar una población dispersa, con aspiraciones tan alejadas de unos y otros, y con una tasa de jóvenes altísima, que buscan mejorar su vida y su futuro en otras tierras? La única cohesión posible es la de afirmas los vínculos políticos y administrativos con un Estado vecino ya existente. Con Mauritania, la experiencia fracasó; el Gobierno mauritano se desentendió de la ocupación de una parte del territorio que España le cedió en 1975. La única posibilidad viable es la de que esa “terra nullius” como la calificó el Tribunal de La Haya, lo cual es una absurdidad colonial, porque si el territorio estaba poblado no puede ser “tierra sin dueño”; pero esa “terra nullius” entrará a formar parte del Estado marroquí, que por otra parte ha estado siempre presente en el territorio como parte de la historia del Imperio Almorávide.
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