<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno de Pedro Sánchez, de nuevo a la cola de la Unión Europea en la toma de decisiones -esta vez ante la crisis energética y de inflación-, sigue paralizado a la espera de que la propia UE le salve de bajar impuestos en España.</strong></h4> El Ejecutivo tiene el <strong>habitual problema interno de división de opiniones entre el sector socialista y el comunista,</strong> más el escaso margen económico que le dejan los datos de déficit público desbocado (el segundo más alto de la Unión) y una deuda acumulada del 122 por ciento del Producto Interior Bruto. <strong>Sánchez lo fía todo, campaña de imagen personal incluida, a una decisión europea que tope el precio de la luz mientras elude tomar medidas contra la subida de los carburantes.</strong> Ni el estallido de las <strong>protestas de agricultores y ganaderos en la calle</strong> o la <strong>huelga de transportistas</strong> han movido al jefe del Gobierno de los plazos que se ha dado para no tomar cartas en el asunto. Después de que la mayoría de los países de la UE anunciaran y aplicaran rebajas fiscales o ayudas directas para paliar la subida de los carburantes, Sánchez se emplea en una gira por esos mismos países para que la UE cambie el modelo de fijación de precios del mercado de la luz. <strong>Gana tiempo y espera a ver si en el Consejo Europeo de finales de esta semana se apunta el tanto del cambio de criterio comunitario</strong> antes de tener él que decretar medida alguna. Los ministros repiten a coro que en el Consejo de Ministros del próximo<strong> día 29 sí habrá un decreto de medidas “urgentes” contra la subida de precios de la energía, un mes después de que la guerra de Ucrania desestabilizara todo y tres semanas más tarde que los demás países</strong> aplicaran medidas para paliar sus efectos en los mercados y en los consumidores, empresas y ciudadanos. <strong>Sánchez lanza el proyecto de fijar un tope europeo al precio de la electricidad de 180 euros el kilovatio</strong> en el mercado mayorista frente a los 220 actuales, lo que sería la vuelta a las tarifas previas a octubre del pasado año, ya consideradas entonces escandalosas.<strong> Sus socios populistas de extrema izquierda (Unidas Podemos),</strong> con cinco ministros en el Gobierno,<strong> vuelven a la carga con la propuesta de una nueva subida de impuestos sobre los beneficios de las empresas eléctricas,</strong> la reedición de un proyecto que ya acabó en patinazo en octubre pasado. El cambio regulatorio de entonces, con un recorte exprés anunciado de 2.600 millones, no sirvió para frenar la escalada de precios, que siguieron subiendo. Además, los inversores amenazaron con irse y las empresas con repercutir el sobrecoste sobre la gran industria. El Gobierno reculó al mes siguiente y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sigue sin encontrar pruebas de que las compañías se hayan beneficiado del alto precio internacional del gas en su producción de electricidad. Y ese era el sustento teórico para aquella intervención fallida, por lo que tampoco han tenido que abonar al Estado, de momento, los miles de millones de euros anunciados. En el caso de los carburantes la parálisis del Ejecutivo socialcomunista tiene un componente económico fundamental más allá de su querencia ideológica por las subidas de impuestos. Con una deuda acumulada del 122 por ciento del Producto Interior Bruto y el segundo déficit público más alto de la UE, <strong>Sánchez no tiene margen para fijar subvenciones directas en la compra de combustible como hace Francia (15 céntimos el litro) e intenta retrasar una bajada de la fiscalidad</strong>. Casi la mitad de lo que cuesta al consumidor cada litro de combustible (entre el 41 y el 46 ciento) son ingresos para el Estado. Además del IVA del 21 por ciento, <strong>sólo el impuesto sobre hidrocarburos supuso a las arcas públicas el pasado año la entrada de 11.000 millones de euros.</strong> La última <strong>subida de la gasolina y el gasoil mete en pérdidas al sector del transporte, a los agricultores y los ganaderos</strong>, amenaza la rentabilidad de toda la industria y desestabiliza las economías familiares. Pero <strong>para Hacienda supone recaudar unos 250 millones más al mes.</strong> El Gobierno puede bajar el impuesto especial sobre hidrocarburos cuando quiera, al ser competencia nacional, e incluso el del IVA como ha hecho Polonia hasta el 8 por ciento sin que Bruselas haya puesto pegas. <strong>Sánchez se limita a ganar tiempo y mientras un sector de su Gobierno promete bajar todos los precios de la energía</strong> por boca del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el otro sector, el que encabeza la comunista Yolanda Díaz, defiende que no hay que bajar impuestos “en general” y sólo crear otro especial para las empresas eléctricas.
