<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>La corta victoria en las elecciones autonómicas de Castilla y León del pasado 13 de febrero, el último error de Pablo Casado como inductor de la convocatoria y protagonista de la campaña, ha obligado al Partido Popular a institucionalizar relaciones con Vox.</strong></h4> <strong>La formación de extrema derecha</strong>, tercera fuerza política de España por detrás de socialistas y populares, <strong>entra por primera vez en un ejecutivo regional con un pacto en el que renuncia a sus postulados populistas.</strong> El acuerdo <strong>sirve al PP para “naturalizar” un entendimiento</strong>, de momento local, <strong>dirigido a poder competir con el bloque de izquierdas y separatistas</strong> que mantiene en el poder a Pedro Sánchez. Vox, partido que en origen se nutrió de dirigentes escindidos del PP, como su propio presidente Santiago Abascal, no había pretendido hasta ahora entrar en las administraciones autonómicas y se conformaba con plantear exigencias para condicionar desde fuera a los ejecutivos regionales del PP. En los comicios de Castilla y León cambió de estrategia y, con el 17 por ciento de los votos y los 13 escaños logrados en las urnas sin los que no se podía formar gobierno, ha logrado entrar en el ejecutivo de coalición que encabezará el popular Alfonso Fernández Mañueco. Un ascenso de Vox en los comicios que acabara por condicionar el próximo gobierno autonómico del PP, era la primera esperanza de Sánchez para paliar los efectos de la previsible derrota del PSOE en las elecciones de febrero. El objetivo de mínimos se ve cumplido ahora y, con Sánchez a la cabeza, todo el aparato político y mediático gubernamental se vuelca ya en el <strong>argumentario base contra un PP que ven entregado a la extrema derecha.</strong> El guion de los socialistas está servido para el resto de la legislatura: presentar a su jefe como única opción frente a una derecha que consideran antidemocrática y vinculan hasta con el franquismo, con el fin de frenar la alternancia en el poder en las próximas elecciones generales. <strong>El reto para el PP es contrarrestar la campaña de Sánchez con el constante recordatorio de quiénes son los socios del actual gobierno</strong>: la extrema izquierda populista de Podemos con cinco ministros comunistas en Gobierno. Además, está el apoyo en el Congreso de todo el bloque de los partidos independentistas que incluye a los grupos que promovieron la intentona golpista en Cataluña del 2017 como ERC y a los herederos del brazo político de la banda terrorista ETA: Bildu. Si Sánchez ha normalizado las relaciones con los partidos más extremistas de la Cámara, e incluso blanquea a los golpistas y antiguos proetarras con indultos y beneficios penitenciarios, <strong>el PP prueba ahora a que se vea con naturalidad un gobierno de coalición en Castilla y León con Vox</strong>. Pero lo <strong>tiene que hacer como si fuera un condicionante meramente local, para no salir perjudicado en los próximos comicios regionales de Andalucía</strong> que se tienen que celebrar antes de fin de año. Aunque el mensaje del miedo a la extrema derecha no le funcionó al PSOE en los comicios de Madrid ni tampoco en Castilla y León, los socialistas sí confían en que les sirva en Andalucía, su antiguo feudo electoral perdido hace tres años ante el entendimiento de todo el centro derecha: PP y Ciudadanos en gobierno de coalición, con la abstención de Vox. El futuro presidente del Partido Popular, <strong>Alberto Núñez Feijóo</strong>, ha recogido esa herencia de Pablo Casado (la dependencia del partido de Santiago Abascal) como algo inevitable que s<strong>e propone subsanar en el futuro con un proyecto renovado que agrupe a todo el centro derecha</strong>. El mismo Casado había dejado manos liebres a Fernández Mañueco para que suscribiera los pactos necesarios con el fin de evitar nuevas elecciones en la región. Para entrar en el ejecutivo autonómico<strong> Vox ha tenido que firmar un pacto en el que no están sus propuestas de contenido populista de rechazo a los inmigrantes o supresión de subvenciones públicas a sindicatos</strong>, partidos y entidades sociales o feministas. Los de Abascal han pasado<strong> de ir contra el Estado autonómico</strong> hasta proponer su supresión<strong> a exigir cargos y responsabilidades en el primer gobierno autonómico en el que resultan decisivos.</strong> Ambos partidos, PP y Vox, necesitan que su gabinete de coalición, más allá de las etiquetas ideológicas, funcione en la atención a los problemas de los ciudadanos para mantener sus respectivas expectativas de voto en futuros comicios generales. El problema para el Partido Popular es que <strong>la sociología electoral de Castilla y León resulta abrumadoramente favorable para sus siglas y tiene poco que ver con la del conjunto de España</strong>. En los comicios regionales PP, Vox y Ciudadanos sumaron el 53 por ciento de los votos frente al 35 por ciento de la izquierda: PSOE y Podemos. Si en las próximas generales Vox prosigue en ascenso (ya llegó al 15 por ciento en 2019) a costa de los populares y el voto de centro derecha sigue desperdigado como hace tres años, Sánchez se puede garantizar la reelección al frente de todo su bloque de investidura, la izquierda y los independentistas.
