<h6><strong>Luis Ayllón</strong></h6> <h4><strong>El Gobierno de Nicaragua ha comunicado a las autoridades españolas su decisión de retirar a su embajador en Madrid, Carlos Midence, debido a las “continuas presiones y amenazas injerencistas” que considera está recibiendo.</strong></h4> La decisión fue transmitida ayer en una carta remitida por <strong>el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada,</strong> al Ministerio español de Asuntos Exteriores, en la que señala que el motivo de la retirada de funciones del embajador, es que las mencionadas “presiones y amenazas injerencistas” que asegura sufre <strong>“hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática"</strong>. Fuentes del Departamento que dirige José Manuel Albares indicaron a <em>The Diplomat,</em> sin embargo, que <strong>la salida del embajador se debe a la negativa del Gobierno de Daniel Ortega, a aceptar la vuelta de la embajadora española en Managua, Mar Fernández-Palacios</strong>, que el Ministerio de Asuntos Exteriores había comunicado hace varias semanas. Según las mismas fuentes, <strong>ante esa negativa, el Ministerio convocó en la tarde de ayer al embajador Midence. El secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández-Trigo le comunicó</strong><strong> que, “dada la asimetría existente”, se le iba a aplicar el principio de reciprocidad</strong> y que, con carácter inmediato <strong>le serían retiradas las credenciales.</strong> Antes de que se llevara a cabo esa retirada y se produjera la expulsión del embajador, <strong>el Gobierno nicaragüense decidió proceder a su retirada</strong>. Carlos Midence, escritor y especialista en Historia de Hispanoamérica y en Rubén Darío, había presentado sus Cartas Credenciales al Rey en enero de 2017. <strong>La embajadora española en Managua fue llamada a consultas por el Ejecutivo español el 11 de agost</strong>o del pasado año, en respuesta a un duro comunicado del Ministerio de Exteriores nicaragüense en el que se denunciaban una "cínica y continua intromisión" en sus asuntos internos, recurriendo al "terrorismo de Estado" de los GAL o a la situación en Cataluña. España ha mantenido en todo momento una posición de firmeza frente al régimen de Daniel Ortega, a quien ha reclamado en reiteradas ocasiones la liberación de los presos políticos. Además, lo mismo que muchos otros países, calificó de “fraude electoral” los comicios celebrados en noviembre en los que se impidió la presencia de candidatos opositores y resulto reelegido Daniel Ortega. El pasado 24 de febrero, el Gobierno de Ortega envió a España una carta protestando por unas declaraciones del ministro Albares, que tachó de "insolentes, anacrónicas y desfasadas" y pidiendo que dejara de "interferir en las decisiones y acciones de un Estado soberano".
