The Diplomat
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido al Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña que cumplan la sentencia judicial que fija el uso del castellano en un 25% en la escuela catalana.
La Comisión avala así la denuncia del Colectivo Asamblea por una Escuela Bilingüe que ha alertado de la discriminación que a su juicio sufren los alumnos castellanohablantes en el sistema educativo catalán, informa Europa Press.
«Son las autoridades españolas las que deben hacer cumplir la sentencia. Enviaremos un requerimiento a las autoridades españolas, es decir al Gobierno y a la Generalitat, para que se cumpla la sentencia», subrayó ayer la presidenta de Peticiones, Dolors Montserrat, después del debate suscitado por la demanda del colectivo.
La presidenta del Colectivo Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, denunció en la Eurocámara que las autoridades catalanas llevan décadas vulnerando los derechos lingüísticos de los alumnos con el sistema de inmersión, sin que el Ejecutivo español haya puesto remedio y pidió a Europa la ayuda que no presta la Generalitat.
Por su lado, una representante de la Comisión Europea señaló que se trata de una cuestión interna española que tiene que dirimirse de acuerdo al régimen constitucional, apuntando que Bruselas «no tiene motivos» para pensar que el Estado de Derecho no se esté respetando en España.
La petición contó con el apoyo de los grupos de derecha; PP, liberales y conservadores. En este sentido, la ‘popular’ Rosa Estarás criticó la «imposición» del catalán en el modelo educativo de Cataluña, alertando de que «lesiona la convivencia».
Por parte de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundua avisó de la «miopía selectiva» sobre los valores fundamentales en la Unión y, en el mismo sentido, Jordi Cañas lamentó que la Comisión Europea debata «sobre el sexo de los ángeles», pidiendo un mayor papel para supervisar el cumplimiento de la sentencia judicial.
Para Hermann Tertsch, de Vox, resulta «inaudita» la posición de la Comisión Europea y criticó que sí se preste a «montar injerencias» en el caso de Hungría y Polonia. Así, reclamó que una misión del Parlamento Europeo acuda al terreno para conocer de primera mano la situación denunciada.
En contra de mantener la petición se manifestaron los socialistas, cuyo eurodiputado Javi López ironizó con que la petición es «preventiva» porque los derechos no se han vulnerado en Cataluña al «quedar tiempo para aplicar la sentencia». «Ha habido más de 50 sentencias y las autoridades catalanas siempre las han aplicado», recordó, insistiendo en que, además, Bruselas no tiene competencia sobre el asunto educativo.
Según ERC, el Parlamento Europeo se convierte en «escenario de conjeturas e hipótesis» cuando discute quejas como esta que son «mínimas» en comparación con todo el sistema educativo catalán. «Se empeñan en crear un problema donde no existe, porque es en el conflicto donde creen que pueden conseguir algún voto más a costa de la convivencia», afeó Diana Riba a las formaciones conservadoras.
Del mismo modo, Toni Comin de Junts insistió en que solo con una escuela en catalán se preserva una sociedad bilingüe en Cataluña y aprovechó para denunciar que ese idioma no es considerado lengua oficial en las instituciones comunitarias.
