<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), entidad estatal vinculada a la Cooperación Española, participa en el desarrollo de un sistema de control de la violencia institucional carcelaria en Costa Rica, Argentina y Chile.</strong></h4> Esta pasada fue presentado en San José de Costa Rica <strong>el Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAIVI),</strong> una iniciativa de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) que cuenta con el acompañamiento del programa EUROsociAL+, un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina, y de expertos de la Universidad de Barcelona y de la FIIAPP. El objetivo de este proyecto es acabar con los malos tratos y las torturas en los centros penitenciarios. Tres de cada cuatro personas privadas de libertad en el mundo se encuentran en América Latina, donde las cárceles tienen una ocupación del 153%. Cuatro de cada diez presos lo está en prisión preventiva a la espera de juicio. El hacinamiento y la falta de recursos públicos están en el origen de algunas de las explosiones de violencia y de violaciones de derechos humanos que se han vivido en los últimos meses en las prisiones de América Latina. <strong>Costa Rica, Argentina y Chile</strong> están siendo pioneros en la implementación del proyecto, a través del cual se promoverá la formación de los funcionarios públicos para la prestación de una atención integral a las víctimas de violencia carcelaria, que incluye el acompañamiento jurídico, médico y psicológico. En el acto de lanzamiento, <strong>la secretaria general de la FIIAPP, Inmaculada Zamora</strong>, afirmó que es “crucial que los sistemas públicos penitenciarios sean lo suficientemente sólidos para cerrar el paso a cualquier forma de violaciones de derechos humanos”. “Para la Cooperación Española, el intercambio de experiencias entre instituciones púbicas de distintos países es una de las formas más eficaces de contribuir al desarrollo”, añadió. Por su parte, la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas, declaró que el “objetivo común que comparten todos los actores involucrados es, justamente, la garantía de los derechos humanos de las personas que están en las cárceles en Costa Rica”. Asimismo, Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, afirmó que el sistema permitirá “trabajar en la puesta en práctica de la tutela de derechos tan inherentes como lo es el derecho a la dignidad, a la vida, a la salud y acceso a condiciones básicas que permitan a la persona cumplir adecuadamente con su condena”.
