The Diplomat
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció ayer en el Senado que España completará “en las próximas semanas” la entrega de hasta 21 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a América Latina y el Caribe.
“España ha superado ampliamente el compromiso inicial de donar 7,5 millones de acunas contra el COVID-19 a América Latina y el Caribe”, aseguró el ministro durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos de la Cámara Alta. “Ya hemos entregado más de diez millones de dosis, y en las próximas semanas distribuiremos otros diez millones”, lo que representará, “en total, unos 21 millones de dosis”, añadió.
Estas entregas, aseguró, se han llevado a cabo “independientemente del color o signo político de los gobiernos”. Ejemplo de ello, destacó, es la donación de 755.000.940 dosis a Nicaragua a pesar del “profundo rechazo” mostrado por el Gobierno español al régimen de Daniel Ortega.
El objetivo de la ayuda española, explicó Albares, es que, a medio y largo plazo, “Latinoamérica, como Europa, goce de una recuperación económica rápida, justa, e integral”, para lo cual la región deberá enfrentarse a importantes desafíos, “como las diferencias en las tasas de vacunación” y las dificultades para hacer llegar las vacunas “a las zonas más remotas”.
Otro de los grandes problemas de la región, aparte del COVID-19 y sus consecuencias económicas, es la fragilidad por que atraviesan “los sistemas democráticos, un fenómeno global que nos afecta también en Europa, pero que está teniendo un impacto especial en América Latina y el Caribe”. Ejemplo de ello, advirtió, es la inexistencia o la “erosión”, en “algunos países de Latinoamérica”, de un sistema de “elecciones competitivas y libres” y de unos “contrapoderes que aseguren derechos y libertades”. En todo caso, Albares insistió, una vez más, en que Iberoamérica es algo “más que los tres países” de los que siempre se habla, en referencia a Cuba, Venezuela y Nicaragua.
En el caso de Cuba, Albares aseguró que el Gobierno ve “con gran preocupación” los acontecimientos relacionados con las protestas del 11 de julio (casi 800 personas han sido acusadas de sedición, vandalismo, robo y desorden público por participar en estos hechos) y con la “movilización fallida” convocada el pasado 15 de noviembre por la oposición. Por ello, el ministro aprovechó para pedir, nuevamente, que “se respete y garantice el derecho de manifestación y expresión pacífica de todos los ciudadanos”.
En cuanto a Venezuela, Albares afirmó que las recientes elecciones municipales y regionales mostraron “avances” pero “no cumplieron los estándares democráticos”. En todo caso, afirmó, la participación de la oposición por primera vez desde 2015 supuso “un paso adelante en la recuperación de espacios democráticos” y la victoria del candidato opositor en la repetición electoral en Barinas “demuestra que hay una vía democrática y de diálogo en Venezuela, aunque sea frágil y estrecha”.
Gonzalo Robles (PP) denuncia la “crisis de reputación de España en América Latina”
En su intervención, el portavoz del PP en la Comisión, Gonzalo Robles, afirmó que España atraviesa una “crisis de reputación en América Latina” a causa de los problemas que generan “los socios del Gobierno” y del “revisionismo histórico que no tiene la respuesta más adecuada”, en referencia a las declaraciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, o del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre el pasado colonial español. Por ello, reivindicó, frente a la “política de la avestruz de mirar para otro lado”, que sea “proactivo” y sea capaz de “reivindicar tanto lo bueno del pasado como lo bueno del presente”.
Por su parte, el senador de UPN, Alberto Catalán, criticó las posiciones de los socios de Gobierno porque “un Ejecutivo democrático no puede tener socios que defiendan los regímenes autoritarios en América Latina”. “No se puede poner una vela a Dios y otra al diablo”, advirtió Catalán, quien también lamentó las posiciones del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sobre Venezuela, que “está afectando a la política del Ejecutivo de España y de la Unión Europea”.
