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El Gobierno español no enviará a ningún representante a la toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que tendrá lugar el próximo lunes, según aseguraron fuentes diplomáticas a Europa Press.

El Ejecutivo ha mantenido una posición de firmeza en los últimos meses frente a Ortega, cuya reelección en las elecciones del pasado 7 de noviembre para el que es su cuarto mandato consecutivo no ha reconocido.

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores dejó claro que considera “una burla” los comicios y denunciaba que su celebración “no refleja la genuina voluntad del pueblo nicaragüense, al que Daniel Ortega ha privado del libre y pleno ejercicio de sus derechos de sufragio».

Asimismo, acusó al Gobierno de haber instaurado en Nicaragua «un régimen represivo y autoritario amparado por un marco legislativo regresivo y la connivencia de los poderes legislativo y judicial, controlados por Ortega».

El Ejecutivo afeó a Ortega la «persecución sistemática de actores políticos, sociales, mediáticos y económicos» así como el encarcelamiento de los principales líderes y precandidatos opositores en los meses previos a los comicios, reclamando una vez más su liberación, así como la de otros detenidos.

Por regla general, es el Rey Felipe VI quien asiste a las tomas de posesión de los mandatarios iberoamericanos, ya desde la época en la que aún era Príncipe de Asturias. Así ocurrió el pasado verano con la inauguración de Pedro Castillo como presidente de Perú y se espera que se repita el próximo 11 de marzo con la toma de posesión de Gabriel Boric en Chile.

De no acudir el Rey, se podría optar por una representación a un nivel inferior, por ejemplo. del ministro de Asuntos Exteriores, en este caso José Manuel Albares, o incluso aún más bajo, por parte del embajador de turno en el país.

Sin embargo, en el caso de Nicaragua, España sólo tiene un encargado de Negocios, ya que el Gobierno llamó a consultas a su embajadora en este país, María del Mar Fernández-Palacios, el pasado 11 de agosto en respuesta a un duro comunicado de la Cancillería nicaragüense en el que se denunciaba injerencia por parte de España y se recurría a los GAL o a Cataluña para criticar al Ejecutivo.

En dicho comunicado, réplica a uno de Exteriores criticando la detención de opositores, la Cancillería nicaragüense denunció «la cínica y continua intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos, impropias de gobiernos democráticos, impropias también de regímenes que incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia» y remitiéndose al «terrorismo de Estado» de los GAL.