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El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que solicite, “en el marco de la Unión Europea”, las sanciones “necesarias contra los dirigentes políticos” del régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua, por incumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Ortega toma hoy posesión de su cargo para un nuevo mandato como presidente de Nicaragua, después de ser reelegido el 7 de noviembre, en unas elecciones marcadas por la ausencia de rivales de entidad tras el encarcelamiento de decenas de opositores, entre ellos varios precandidatos a la Presidencia. España, que no reconoció esas elecciones, no ha enviado ningún representante al acto de toma de posesión.

En una Proposición no de Ley presentada el pasado 14 de diciembre para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, el Grupo Socialista recuerda  que “Nicaragua, como cualquier otro país, tiene la obligación de dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos en materia de derechos humanos y a sus propios preceptos constitucionales, garantizando los derechos y garantías de todos sus ciudadanos”.

Pese a ello, en el país se aprecia un “alarmante deterioro” de la libertad de manifestación, especialmente desde las movilizaciones de abril de 2018, en las que a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuantificó 328 personas fallecidas.

Aparte, “desde octubre de 2020, el Estado inició la aprobación de un paquete de leyes que ponen en peligro el ejercicio de los derechos humanos y civiles básicos de la ciudadanía”, especialmente el derecho a la libertad de asociación y la libertad de expresión, y “los periodistas y defensores de derechos humanos viven en un ambiente de permanente hostigamiento por parte de las autoridades”, prosigue. “Las constantes amenazas y hostigamiento han provocado que miles de personas se vean obligadas a abandonar Nicaragua para resguardar su libertad y sus derechos”, lo que se ha traducido en la huida del país de más de 106.000 nicaragüenses desde 2018 por razones políticas o económicas, según datos de ACNUR.

La PNL recuerda también que las elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre no cumplieron “con las garantías electorales mínimas para ser catalogadas como democráticas” y para que “puedan ser reconocidos sus resultados”, y que el proceso electoral estuvo “marcado por la constante vulneración de los derechos y de las garantías democráticas”, incluida “la detención de siete aspirantes presidenciales, la cancelación de tres partidos políticos opositores y el encarcelamiento, acoso e intimidación de periodistas, empresarios, líderes sociales, estudiantiles y rurales, pueblos indígenas, así como el cierre de uno de los principales diario del país, La Prensa”. “El Gobierno nicaragüense no solo ha privado al pueblo de Nicaragua del derecho civil y político a votar en unas elecciones creíbles, inclusivas, justas y transparentes, sino que tampoco ha cumplido sus propios compromisos en materia de derechos humanos y libertades fundamentales con arreglo a la Constitución de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y los pactos internacionales de los que el país es parte”, añadió el PSOE.

Según el Grupo Socialista, “durante todos estos acontecimientos, el Gobierno de España, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, ha ejercido una intensa labor diplomática en favor del cumplimiento de la legalidad internacional y de los derechos humanos en Nicaragua”, incluida “la llamada a consultas de su embajador en Managua el 11 de agosto de 2021”, el “no reconocimiento de las elecciones” y la petición, en el marco del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, “de distintas clases de sanciones para los dirigentes políticos del Gobierno” de Daniel Ortega.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario socialista insta al Gobierno a “solicitar aquellas sanciones que fueren necesarias contra los dirigentes políticos del gobierno de Nicaragua, en el marco de la Unión Europea”, a realizar las “acciones diplomáticas que fueran necesarias y oportunas con el objetivo de poner fin a la vulneración de los derechos humanos, políticos y civiles en Nicaragua”, a reclamar “con urgencia al Gobierno nicaragüense la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y manifestantes encarcelados arbitrariamente, así como la anulación de los procedimientos judiciales abiertos contra ellos”, y a instar al Gobierno de Ortega a cumplir “con los compromisos internacionales contraídos en materia de derechos humanos y con sus propios preceptos constitucionales”.