<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>El Partido Popular se rehace en la oposición y hasta toma la iniciativa política con su ofensiva contra la arbitrariedad del Gobierno en el reparto de los fondos europeos más la campaña de las elecciones autonómicas en Castilla y León del próximo 13 de febrero.</strong></h4> Después de la crisis interna con la que cerró el año por su intento de frenar la carrera de Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado <strong>aprovecha la próxima cita ante las urnas para descolocar a Pedro Sánchez</strong> con la explotación del espectáculo que da el sector comunista del Gobierno, esta vez el ministro Alberto Garzón contra el sector ganadero. Además, cuenta con las protestas por los agravios que crean desde el Palacio de la Moncloa en Comunidades autónomas y ayuntamientos con el manejo gubernamental de los 70.00 millones de euros en ayudas que llegan desde Bruselas. Pendiente de esos fondos que tienen la clave de su permanencia en el poder, <strong>el jefe del Ejecutivo se centraba ahora en convalidar en el Congreso su decreto para la mini reforma de la legislación laboral</strong> que a su vez era una exigencia de la UE para mantener abierto el grifo de la financiación. Sánchez, de decreto en decreto y siempre al margen del trámite parlamentario ordinario, controla de forma directa desde su gabinete el reparto por proyectos y regiones de esas ayudas, y lo hace al margen de cualquier órgano independiente o de expertos que participe en la toma las decisiones como ocurre en los demás países europeos. El presidente del Gobierno goza de ese procedimiento extraordinario del reparto “a dedo” porque, al final, el consiguiente decreto fue convalidado en el Congreso en enero del pasado año gracias a la abstención en último término del grupo de la extrema derecha que representa Vox. <strong>La Comunidad de Madrid ha sido la primera en recurrir a la vía judicial, en concreto al Tribunal Supremo, contra el decreto que ha permitido al Ejecutivo central destinar 9 millones de euros para la promoción del empleo en cuatro regiones: País Vasco, Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura.</strong> Resulta que las cuatro están controladas por el PSOE y sus socios nacionalistas y según el equipo de Isabel Díaz Ayuso, el reparto se hizo con "criterios sectarios y partidistas". El PP teme que ese caso de falta de transparencia y consenso en la distribución de fondos se generalice. <strong>Los demás gobiernos autonómicos con presidentes del Partido Popular como los de Andalucía (Juan Manuel Moreno), Galicia (Alberto Núñez Feijóo) Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco) y Murcia (Fernando López Miras) ya se plantean o amenazan con seguir los mismos pasos</strong> que Díaz Ayuso. Además, 138 alcaldes del PP con mando en plaza de ayuntamientos de más de 25.000 habitantes coordinan sus acciones judiciales por considerar que el Gobierno perjudica los intereses de sus ciudades. A esa <strong>rebelión institucional de los populares</strong> contra el manejo de La Moncloa en el reparto de ayudas se suma Pablo Casado como jefe de la oposición al anunciar que llevará la campaña contra Sánchez en esta materia “hasta el final”. Y ese final consiste en <strong>trasladar la batalla por los fondos, en paralelo con la vía judicial en España, a las propias instituciones de la UE con la denuncia de que se hacen “a dedo”,</strong> sin criterios de eficacia ni transparencia hasta amenazar con una siembra masiva de corrupción. <strong>La ofensiva del PP desata las iras de Sánchez, volcado ahora en acusar a la oposición de falta de patriotismo</strong> y de poner en peligro la llegada de las ayudas a España con tal de desgastar a su Ejecutivo. Ese frente abierto de conflicto para el Gobierno<strong> se junta con la campaña de las inminentes elecciones autonómicas en Castilla y León</strong> que no ha podido empezar peor para los intereses del PSOE por los ataques del ministro Alberto Garzón contra un sector económico, el agrícola y ganadero, que es clave en la región. <strong>El PP explota desde hace días la división interna en el Gobierno socialcomunista por las declaraciones del titular de consumo sobre la calidad de la carne</strong> que sale de España mientras en La Moncloa no aciertan a frenar una crisis que deja evidencia de las hipotecas de Pedro Sánchez con la formación populista fundada por Pablo Iglesias. El jefe del Ejecutivo, sin autoridad para destituir ni hacer rectificar a un ministro de la cuota comunista, se limita a <strong>esperar que pase el chaparrón aunque las encuestas le hundan sus previsiones electorales</strong> y beneficien las aspiraciones del PP de acercarse a la mayoría absoluta en Castilla y León. Como en el decreto del control personal sobre las ayudas europeas, Sánchez tiene todas las esperanzas puestas en Vox. Esta vez, en que el previsible ascenso de la extrema derecha sea tal que deje a un futuro gobierno de los populares en manos del partido de Santiago Abascal e intentar disimular así la magnitud de otra derrota del PSOE en las urnas.
