The Diplomat
El Consejo de la UE impuso este pasado lunes medidas restrictivas contra otras siete personas y tres entidades en Nicaragua, incluidos varios miembros de la familia del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y la compañía encargada de la supervisión de las telecomunicaciones y los servicios postales.
“Las personas incluidas en la lista son responsables de graves violaciones de los derechos humanos, en particular de la represión de la sociedad civil, del apoyo a las elecciones presidenciales y parlamentarias fraudulentas y del socavamiento de la democracia y el Estado de Derecho”, informó la UE.
La aprobación de las nuevas sanciones coincidió con la reunión que mantuvo este lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acompañado del secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández-Trigo, con un grupo de familiares de presos políticos en Nicaragua, ante quienes reiteró el rechazo del Gobierno español a “la violación de los Derechos Humanos en el país”. Daniel Ortega y Rosario Murillo juraron este lunes su quinto mandato presidencial, tras vencer en unas elecciones presidenciales que han sido rechazadas por la comunidad internacional, incluida España, que las ha calificado de “burla a la democracia”.
Las medidas restrictivas –que incluyen la inmovilización de bienes, la prohibición del suministro de fondos y las prohibiciones de viaje al territorio de la UE o dentro de él- ya se aplican a un total de veintiuna personas y tres entidades. El régimen de sanciones en relación con Nicaragua se adoptó por primera vez en octubre de 2019, después de que el Consejo manifestara reiteradamente su inquietud ante el deterioro de la situación política y social en el país. El 4 de mayo de 2020, el Consejo adoptó las primeras medidas restrictivas contra seis personas.
El pasado 8 de noviembre, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, emitió una declaración en nombre de la Unión en la que subrayaba que las elecciones que tuvieron lugar en Nicaragua el 7 de noviembre de 2021 se habían celebrado sin garantías democráticas y que sus resultados carecían de legitimidad.
