<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, acompañado del secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Juan Fernández-Trigo, recibió ayer en su despacho a un grupo de familiares de presos políticos en Nicaragua.</strong></h4> Según informó en su cuenta de <em>Twitter</em>, el propio ministro, reiteró a sus interlocutores el<strong> rechazo del Gobierno español a “la violación de los Derechos Humanos en el país”.</strong> Albares insistió en que España exige la puesta en libertad de los presos y lidera “una política activa de denuncia y condena de la situación en el seno de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas”. El recibimiento a los familiares de lo opositores encarcelados en Nicaragua se produ<strong>jo horas antes de que, en Managua, Daniel Ortega toma posesión de su cargo</strong> para un nuevo mandato como presidente del país centroamericano para el que fue reelegido el pasado 7 de noviembre, en unos comicios marcados por la ausencia de rivales de entidad tras el encarcelamiento de decenas de opositores, entre ellos varios precandidatos a la Presidencia. <strong>España, que no reconoció esas elecciones y las calificó de “burla” no envió ningún representante al acto de toma de posesión.</strong> Entre los familiares de presos políticos recibidos por Albares se encontraba<strong> Victoria Cárdenas, esposa del precandidato a la Presidencia de Nicaragua Juan Sebastián Chamorro</strong>, que ha comenzado una gira por varias capitales europeas para recabar apoyos. Cárdenas ofreció una rueda de prensa en Casa América, en la que <strong>agradeció al Gobierno español que haya liderado “siempre” el apoyo a Nicaragua, a la democracia y a los Derechos Humanos, algo que calificó de “invaluable”</strong>. Al propio tiempo, <strong>reclamó “acciones coordinadas” para presionar a Daniel Ortega</strong>, instó a otros países, entre los que mencionó a Argentina y México a que no sean "indiferentes" a lo que está sucediendo en Nicaragua. El Ejecutivo español lleva tiempo expresando su rechazo a la actitud de Daniel Ortega y, <strong>el 11 de agosto del pasado año, llamó a consultas a la embajadora de España en Managua, Mar Fernández-Palacios</strong>, en protesta por un duro comunicado del régimen de Ortega que denunciaba injerencia por parte de España y se recurría a los GAL o a Cataluña para criticar al Ejecutivo. El comunicado nicaragüense era respuesta a otro del Ministerio de Asuntos Exteriores español que criticaba la detención masiva de opositores. La embajadora permanece en España desde que fue llamada a consultas como expresión del malestar de las autoridades españolas con las prácticas del régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. En el último año y medio, se ha producido en Nicaragua la “detención de siete aspirantes presidenciales, la cancelación de tres partidos políticos opositores y el encarcelamiento, acoso e intimidación de periodistas, empresarios, líderes sociales, estudiantiles y rurales, pueblos indígenas, así como el cierre de uno de los principales diario del país, La Prensa”, según señala una proposición no de ley presentada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Socialista, en la que pide al Ejecutivo que solicite, “en el marco de la Unión Europea”, las sanciones “necesarias contra los dirigentes políticos” del régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua, por incumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
