<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de celebrar el segundo aniversario en el poder reforzado en su mayoría parlamentaria, pero con unos socios que le preparan una cuesta de enero tachonada de facturas.</strong></h4> <strong>Los aliados de extrema izquierda, los nacionalistas vascos, los independentistas catalanes y los herederos políticos de ETA presentan al cobro sus exigencias</strong> particulares, cuando el Ejecutivo afronta la convalidación en el Congreso de su mini contrarreforma laboral y el PSOE se presenta a una inesperada cita con las urnas en los comicios autonómicos de Castilla y León el 13 de febrero. Dos años después de marear a todo el conglomerado de partidos que le invistieron como jefe del Ejecutivo con la promesa de derogar la legislación laboral vigente desde 2012, la del último Gobierno del PP, Sánchez eludió a las Cortes y recurrió a la vía del decreto para imponer algunos cambios en la materia que sólo tenía pactados con el sector comunista del gabinete que encabeza Yolanda Díaz. La urgencia venía dictada por Bruselas, pues tenía hasta el 1 de enero para cumplir con un requisito clave para recibir las ayudas europeas: dejar constancia de que respetará el marco básico de las actuales relaciones laborales. <strong>No hubo derogación. A Díaz le ha bastado con devolver a los sindicatos el poder perdido hace ahora casi diez años y apuntarse para su carrera personal como heredera de Pablo Iglesias el éxito</strong> de un acuerdo que cuenta además con el aval de la gran patronal de los empresarios, la CEOE. El primer problema para el Gobierno es que <strong>el decreto correspondiente tiene que ser convalidado por el Congreso antes de que termine enero y, de momento, solo puede contar con 155 votos a favor (los 120 del PSOE más los 35 de Podemos)</strong> en una Cámara compuesta por 350 miembros. Ahora tiene que contentar a los independentistas catalanes de ERC, los nacionalistas del PNV y los batasunos de Bildu que suman en total 24 escaños fundamentales en todos los proyectos de Sánchez. Luego le queda convencer al resto de partidos de la extrema izquierda. <strong>Los nacionalistas vascos ya han puesto sobre la mesa</strong> una exigencia que supondría otro golpe a la maltrecha unidad de mercado de la economía española: <strong>que prevalezcan en la negociación colectiva los convenios de ámbito regional sobre el nacional</strong>, al menos en el caso de la autonomía que controla el PNV. En paralelo, l<strong>os separatistas catalanes a través del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, piden ya una cita para negociar con el Gobierno cesiones concretas en sus planes para la secesión</strong> de Cataluña. Y toda la extrema izquierda y los grupos independentistas, Podemos incluido, se han sumado este fin de semana a las manifestaciones celebradas en el País Vasco y Navarra para reclamar beneficios penitenciarios para los terroristas de ETA. <strong>Los socios del Gobierno son conocedores de la generosidad de Sánchez en materia presupuestaria</strong>, de competencias del Estado central y de blanqueo de imagen en el caso de Bildu. Tienen los precedentes de los privilegios en inversiones en Cataluña, del acercamiento masivo de etarras a las cárceles del País Vasco, de la entrega de las competencias en prisiones al Gobierno, de los indultos a los condenados por la intentona golpista de 2017 o del mirar hacia otro lado ante la persecución del castellano por la Generalitat. Por si las negociaciones con sus socios sobre la reforma laboral se complican,<strong> Sánchez tantea a Ciudadanos (solo 10 diputados) y presiona al mismo tiempo al jefe de la oposición, Pablo Casado</strong>, a través de la patronal y los medios gubernamentales para que se abstenga. La operación, sin visos de prosperar, se basa en el argumento de que como el Gobierno no ha cumplido con su promesa de derogar la reforma de 2012, el PP tiene que avalar los cambios que sí introduce el gabinete socialcomunista porque han sido aceptados por la CEOE, aunque sea a regañadientes. En el PP defienden su autonomía, recuerdan que no han sido invitados a la negociación y sueñan con que Sánchez recurra a su comodín para estos casos: la extrema derecha de Vox. En enero pasado el partido de Santiago Abascal salvó al Gobierno en un trance similar, cuando no tenía mayoría para el decreto con el que se hizo con el control de la distribución de los fondos europeos, los 70.000 millones de euros a fondo perdido que tanta estabilidad han dado al Ejecutivo de coalición. Vox se abstuvo a instancias empresariales y recibió los elogios públicos de un Sánchez encantado con no tener que negociar con el PP la creación de un organismo independiente que vigilara las inversiones, que es a lo que le hubiera obligado el rechazo parlamentario a su decreto. Ahora, con elecciones en Castilla y León el 13 de febrero, Sánchez tiene que medir o aplazar las cesiones en público a sus aliados y se le complica recurrir a Vox en una cuesta de enero que disparará el precio de su estabilidad en el poder.
