<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó ayer su “profunda preocupación” por la decisión del Tribunal Supremo de Rusia que ilegaliza la ONG Memorial, que desde hace años investiga los crímenes cometidos por las instituciones de la época soviética y, más recientemente, se ha mostrado crítica con la represión hacia la oposición Vladimir Putin.</strong></h4> En su cuenta de Twitter, el Departamento que dirige José Manuel Albares manifiesta su “profunda preocupación por las decisiones judiciales que liquidan <a href="https://twitter.com/MemorialMoscow" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@MemorialMoscow</a> y <a href="https://twitter.com/hrc_memorial" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@hrc_memorial</a>, ramas de la ONG de referencia sobre represión política en la época soviética y ganadora del premio Sajárov”. El Ministerio considera que la decisión supone una <strong>“gran pérdida para el pueblo ruso y la defensa de los Derechos Humanos en ese país”.</strong> La Corte Suprema de Rusia anunció el martes la disolución de la ONG, aceptando una petición de la Fiscalía fundamentada en <strong>las leyes sobre "agentes extranjeros"</strong> en el país. El tribunal sólo anunció la parte operativa de la decisión, sin desvelar los argumentos de la misma. La medida afecta a todas las estructuras vinculadas a Memorial. Según las acusaciones de la Fiscalía, violó<strong> las regulaciones al no marcar todas sus publicaciones, incluidas las de las redes sociales, con la etiqueta de 'agente extranjero' que exige la ley. </strong> <strong> </strong> Los fiscales, además,<strong> acusaron a la ONG de tolerar el terrorismo y el extremismo, y Putin aseguró que habían defendido a</strong> organizaciones que Rusia considera extremistas y terroristas y que su lista de víctimas de la represión política incluía colaboradores nazis. Fundada en 1989, Memorial se ha centrado en <strong>documentar las represiones llevadas a cabo por los cuerpos de seguridad soviéticos,</strong> incluido el KGB, del que Vladimir Putin fue agente y que dirigió, tras el fin de la URSS, cuando se transformó en el FSB Memorial fue creada por importantes disidentes en los últimos años de la Unión Soviética y, además de investigar los crímenes de la época soviética, especialmente durante el estalinismo, más recientemente se ha mostrado muy crítica con la represión ejercida sobre dirigentes opositores bajo el mandato de Putin. La abogada<strong> Maria Eismont</strong> tildó la decisión judicial de "ilegal" e "infundada" y anunció que presentará una apelación. Por su parte, la <strong>secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard</strong>, reclamó a Moscú que no cierre la ONG y subrayó que este acto sería "una pérdida irreparable" para el país y para el resto del mundo. Así, recordó que Memorial "supervisa y expone violaciones de los Derechos Humanos, hace campaña en nombre de las víctimas y las defiende ante los tribunales". "Supervisa las persecuciones motivadas políticamente", agregó Callamard. Ya en noviembre, cuando se conoció la petición de ilegalización hecha por la Fiscalía, la <strong>Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos</strong> mostró su "preocupación" y afirmó que las autoridades usan la designación de "agente extranjero" para "etiquetar a aquellos que consideran que son organizaciones financiadas desde el extranjero y que participan en 'actividades políticas'".
