The Diplomat
La empresa multinacional española Indra se ha adjudicado, por un importe de 57,6 millones de euros, el desarrollo de la parte principal del Plan de Digitalización Consular del Ministerio de Asuntos Exteriores, financiado con los Fondos Next Generation de la EU.
Según publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Junta de Contratación del Ministerio ha adjudicado a Indra el Lote 1 de los Servicios de Desarrollo del Plan de Digitalización Consular, correspondiente al llamado “Ecosistema Consular”.
La contratación fue adjudicada el pasado 30 de septiembre mediante procedimiento negociado sin publicidad y por un importe de 57.582.294 euros. Indra, una empresa de servicios de consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones, servicios financieros y servicios al sector público, fue una de las dos compañías que optaron al contrato.
La digitalización de los servicios consulares y diplomáticos, junto con la mejora de la digitalización del Ministerio de Asuntos Exteriores y de sus organismos dependientes (AECID y el Instituto Cervantes), es una de las prioridades de la Estrategia de Acción Exterior 2021-2024, aprobada por el Gobierno a finales de abril.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE), recientemente aprobados, prevén una partida de 60 millones de euros para la digitalización de los servicios consulares, según explicó el pasado mes de noviembre la entonces subsecretaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, Celsa Nuño, en el Congreso de los Diputados. Esta cantidad figura con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuya aprobación por parte de la Comisión Europea (el pasado mes de junio) ha permitido el desembolso a España de los 10.000 millones de euros correspondientes al primer tramo del fondo de recuperación Next Generation EU.
El Plan de Digitalización Consular, tal como figura en el objetivo estratégico de Digitalización de la Administración de los PGE, prevé el desarrollo de “un nuevo Ecosistema Consular, conformado como una plataforma tecnológica unificada e implementada en capas, que garantice la seguridad de los sistemas y los datos gestionados y con una clara orientación hacia la ciudadanía, facilitando a la misma el acceso a los servicios”.
