Eduardo González
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, presidirán hoy en Madrid un evento conmemorativo por el 70 aniversario de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.
El acto se celebrará en la sede de la Casa de América en la capital de España y contará con el testimonio de mujeres refugiadas procedentes de Afganistán y Somalia, así como con la intervención de la escritora y periodista Rosa Montero y el jurista español y presidente de honor del Comité Español de ACNUR, Antonio Garrigues.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau; y la soprano y embajadora de Buena Voluntad Honoraria y Vitalicia de ACNUR, Barbara Hendricks, también participarán de forma virtual en el evento, que estará moderado por el presentador de televisión y embajador de Buena Voluntad de ACNUR Jesús Vázquez, según informó ACNUR España.
España se adhirió a la Convención de Ginebra el 22 de julio del año 1978 y el derecho de asilo quedó consagrado ese mismo año en el artículo 13.4 de la Constitución española. La primera ley reguladora del derecho de asilo y de la condición del refugiado en España fue aprobada en mayo de 1984 y modificada por la Ley 9/1994, el Real Decreto 203/95 de aplicación de la ley y la Ley 12/2009 de 30 de octubre. Como organismo internacional creado por las Naciones Unidas, la presencia de ACNUR se regula mediante un acuerdo de sede con el Ministerio de Asuntos Exteriores.
La celebración de este acto en Madrid se produce unos meses después de que la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) asegurara, en su Informe Anual de 2021 que España volvió a “defraudar” a los refugiados en 2020, “aprobando tan solo una de cada 20 solicitudes de asilo, muy lejos de la tasa media de reconocimiento del 33% de los países de la Unión Europea”.
El documento, publicado el pasado mes de junio, lamentaba también el “escaso reconocimiento” que concede España a las víctimas de persecución por parte de agentes no estatales (pandillas, bandas criminales, etcétera) y las “trabas” que se imponen a las personas procedentes de países en conflicto, como Siria, Yemen o Palestina,“debido a la exigencia del visado de tránsito”. El documento denunciaba también que, a pesar del descenso en las llegadas a través de Ceuta y Melilla, a lo largo de 2020 se produjeron al menos 212 “devoluciones en caliente”, una práctica que, recordó, ha sido cuestionada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y por el propio Tribunal Constitucional español.
En el informe, CEAR advertía de que el nuevo Pacto de la UE sobre Migración y Asilo no ofrece “soluciones basadas en una solidaridad compartida con los países del surde Europa” y reduce esa solidaridad a un “menú a la carta” beneficioso para los “Estados del norte de la Unión”. Precisamente, una decena de organizaciones (entre ellas, Amnistía Internacional, CEAR, Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón o Save the Children) advirtieron el pasado mes de octubre en una de prensa conjunta de que el Pacto, presentado por la Comisión Europea en septiembre de 2020, “obvia los tratados internacionales ratificados por los Estados y sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos” y lamentaron “la apuesta del Gobierno español por este nuevo enfoque de la política migratoria europea”.
