<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Pedro Sánchez ha encarrilado la tramitación de los Presupuestos del Estado con su habitual generosidad hacia los independentistas que le sostienen en el poder, pero se atasca en las relaciones con sus socios de extrema izquierda en el Gobierno de coalición.</strong></h4> Casi dos años después de firmar con Podemos un acuerdo que incluía la liquidación de la legislación laboral vigente desde 2012, el jefe del Ejecutivo <strong>tiene que decidir ya si lo hace de verdad como exige su vicepresidenta Yolanda Díaz o le da la vuelta a la contrarreforma prometida como propone su vicepresidenta Nadia Calviño ante Bruselas.</strong> Siempre pendiente de salvar su imagen, Sánchez ha derivado el problema de su indefinición de fondo (prometer una cosa a Podemos y los sindicatos y la contraria en la UE) a una cuestión de falta de entendimiento o coordinación entre ambas vicepresidentas. Hasta <strong>le ha puesto la fecha de este martes para que se reúnan y aclaren competencias,</strong> como si hasta ahora hubieran ido por libre y al margen de su presunta autoridad como presidente del Gobierno. <strong>Yolanda Díaz</strong> trabaja desde hace seis meses en una reforma de la legislación laboral <strong>al gusto de las centrales sindicales, un proyecto denunciado como “abordaje marxista”</strong> por el presidente de la gran patronal CEOE, Antonio Garamendi.<strong> Nadia Calviño, por su lado, intentaba tranquilizar a las autoridades económicas de la UE</strong> con el mensaje de que los cambios en la materia no irían en contra de la flexibilidad del mercado de trabajo, la competitividad de las empresas y la creación de empleo en España. En vez de “derogar”, prefiere utilizar el término “europeizar”. <strong>Sánchez tiene que elegir ya entre las dos posiciones contrapuestas y las amenazas que conllevan</strong>. Si no hay derogación en beneficio sindical, Díaz, al sentirse desautorizada, asegura que tomará decisiones en diciembre. Y si Calviño no impone su particular “modernización” sin más de la reforma de 2012 estarán en peligro las ayudas europeas a la recuperación. Son los 70.000 millones de euros en total administrados desde La Moncloa que garantizan a Sánchez la permanencia en el poder hasta el final de la legislatura. Calviño, además, mete prisa al recordar que<strong> el texto de la reforma tiene que estar listo este mismo mes</strong> para que vaya al Congreso y pueda entrar en vigor en enero. Sánchez lleva varios años, primero en la oposición y después en el Gobierno, prometiendo el entierro de la legislación de 2012 heredada del PP y surgida para combatir el paro de la anterior crisis económica. Con el anterior Ejecutivo “progresista”, el de José Luis Rodríguez Zapatero, las rigideces del mercado laboral español quedaron en evidencia al dispararse la destrucción de empleo. En este caso <strong>el compromiso de contrarreforma de Sánchez quedó por escrito: “Derogaremos la reforma laboral”</strong>. Es el enunciado de todo un capítulo del acuerdo firmado con Pablo Iglesias en diciembre de 2019. Detallaba, además, todos los aspectos que ahora Díaz pacta con los sindicatos para que puedan recuperar el control de la negociación colectiva. “Derogaremos la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales”, dice el texto. La ministra de Trabajo también quiere que los convenios colectivos no tengan caducidad, salvo visto bueno sindical; intervenir en las decisiones empresariales sobre la subcontratación de servicios; e incluso prohibir esa práctica en algunos casos, tal y como figura en el pacto de coalición. El texto del acuerdo deja poco margen para buscar eufemismos o complementos de letra pequeña que hagan digerible a las organizaciones empresariales una contrarreforma de ese calado. Y con el previsible rechazo de la CEOE y el aviso de Pablo Casado de que se “chivará” a Bruselas de cualquier paso atrás en la legislación laboral, tampoco tiene fácil Sánchez quedar bien al mismo tiempo con los derogadores (como él mismo lo fue), y los “europeízadores” del mercado de trabajo. <strong>Hasta el momento, el presidente del Gobierno impone sin mayores problemas las soluciones populistas propias o asumidas de Podemos en política económica</strong>, desde la intervención del mercado del alquiler a los beneficios de las eléctricas. Ahora, tiene que elegir entre cumplir con los sindicatos encantados con Yolanda Díaz o la ortodoxia europea que representa Calviño. Y. en cualquier caso la estabilidad de su gabinete estará en peligro.
