<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Pedro Sánchez ha cerrado con sus socios de Podemos un proyecto de Presupuestos y una serie de anuncios sobre una futura ley de vivienda que consolidan al Gobierno de coalición para todo el próximo ejercicio a costa de disparar el déficit público y eludir reformas económicas.</strong></h4> <strong>En clave política, estas cuentas del Estado sí le pueden garantizar al Ejecutivo llegar al final de la legislatura</strong>, sólo tendría que prorrogar las de 2022 en enero de 2023; y <strong>en la económica son una huida hacia adelante</strong> frente a la inflación, los datos de los impuestos que no recaudan lo anunciado, la vigilancia de Bruselas o la escalada del precio de la energía. Sánchez ha decidido r<strong>esponder a los nubarrones económicos y a los malos presagios de los sondeos con diversas campañas de exaltación del gasto</strong>, pagas culturales para jóvenes de 18 años (los nuevos votantes) e intervención del mercado del alquiler. Todo sobre la base de un ajuste interno de diferencias en el seno de su gabinete en el que vuelve a desautorizar a su vicepresidenta Nadia Calviño, y da más protagonismo a la representante máxima de sus aliados podemitas: Yolanda Díaz. En la anunciada <strong>ley de vivienda,</strong> de texto desconocido aún, el Gobierno <strong>hace suyos casi todos los postulados defendidos por Podemos</strong> y rechazados de plano desde la pasada primavera por el sector socialista del Ejecutivo, por el defenestrado José Luis Ábalos en concreto. El Ministerio del ramo sostenía que el Estado no debía fijar los precios del alquiler ni ir más allá de las desgravaciones fiscales. Consideraba, cuestiones legales aparte, que las exigencias de Podemos podían ser contraproducentes al frenar las inversiones y retraer la oferta de pisos. Las medidas de intervención que Ábalos descartaba por populistas y contraproducentes pasarán ahora a ser ley. La ley de vivienda <strong>era el requisito previo de Díaz para cerrar el proyecto de Presupuesto</strong>s y en este no ha habido problema alguno. Pedro Sánchez comparte con sus socios de extrema izquierda la misma <strong>fe en las subidas de impuestos pese a que el resto de los países de la Unión Europea haga lo contrario</strong> para favorecer la reactivación económica. El Ejecutivo se reconcilia en todos sus sectores y presume de comprometer el mayor gasto público de la historia de España, pese a que vaya a batir también la marca de déficit. Quiere exprimir todo lo que pueda la suspensión de las reglas europeas en la materia. Sobre el acuerdo básico PSOE-Podemos para los Presupuestos que suman 155 diputados a favor en el Congreso, <strong>el Gobierno necesita ahora otros 21 más como mínimo para garantizarse su tramitación parlamentaria.</strong> Ya trabaja el apoyo de los partidos <strong>nacionalistas e independentistas (incluido Bildu)</strong> que llevaron al poder a Sánchez en la moción de censura de junio de 2018. El proyecto de Cuentas <strong>incluye el porcentaje de inversión del Estado en Cataluña exigido por la Generalitat (18 por ciento)</strong>, con lo que en La Moncloa dan por más que encarrilado el respaldo de ERC, aunque tengan que dar a su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, el protagonismo requerido en las próximas semanas. El mismo optimismo tienen para afrontar las negociaciones con <strong>los nacionalistas vascos, siempre pendientes de obtener una partida adicional a última hora</strong>. Con Bildu seguirá el proceso de normalización o blanqueamiento de la coalición heredera de Batasuna. <strong>El mayor obstáculo</strong> inmediato para la apuesta de Sánchez por el populismo en política económica <strong>se sitúa en la reforma laboral</strong>. <strong>Calviño se comprometió ante Bruselas a mantener la legislación vigente y Díaz exige su derogación</strong> para, entre otras medidas, dar más poder a los sindicatos y que controlen la negociación colectiva. Sánchez, a su estilo, da largas al asunto, pero esta vez tiene a las autoridades de la UE encima. Enviados de la Comisión se han entrevistado estos días con representantes de las organizaciones empresariales y los sindicatos para conocer de primera mano la posibilidad de un acuerdo sobre una futura reforma, que se presenta muy difícil. <strong>Si el presidente del Gobierno vuelve a desautorizar a Calviño y también asume las tesis podemitas en la legislación laboral, pondrá en peligro las ayudas europeas a la recuperación,</strong> nada menos que los 27.633 millones de euros que ya incluye en los Presupuestos del próximo año para que parezca que cuadran.
