Pedro Sánchez durante su intervención. / Foto: Pool Moncloa/Fernando Calvo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inauguró ayer, junto a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y el primer ministro de Australia, Scott Morrison, un acto conmemorativo del 30 aniversario del Protocolo de Madrid, que estableció un marco de protección integral para el medioambiente de la Antártida.
“Una de las amenazas más graves a las que se enfrenta la Antártida es el cambio climático, que constituye un peligro real para la supervivencia a largo plazo de las comunidades marinas antárticas”, declaró Sánchez durante la inauguración de la conferencia Antártida: presente y futuro, cuyo objetivo es analizar los retos medioambientales terrestres y marinos a los que se enfrenta la región y movilizar a la comunidad internacional para lograr un acuerdo que permita ampliar las áreas marinas protegidas en la Antártida.
El Protocolo de Madrid “demuestra el valor del derecho internacional como herramienta eficaz para gestionar bienes comunes”, prosiguió el presidente, quien instó a “garantizar que la Antártida siga siendo un espacio libre y cooperativo para el desarrollo de proyectos científicos, en un marco de mutua confianza y cooperación internacionales”. El acto tuvo lugar en el Museo Arqueológico de Madrid.
El Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, firmado en Madrid el 4 de octubre de 1991, estableció un marco de protección integral para el medioambiente de la Antártida y prohibía de forma indefinida toda actividad relacionada con los recursos minerales, excepto la investigación científica. En el documento se destaca la importancia de seguir desarrollando iniciativas de cooperación científica multidisciplinar y de protección de espacios marinos.
La implicación de España en la Antártida se plasmó con la puesta en marcha de dos bases de investigación científica: la Juan Carlos I, inaugurada en 1988 y coordinada por el CSIC, y la Gabriel de Castilla, que empezó su funcionamiento un año más tarde y que está gestionada por las Fuerzas Armadas españolas. Desde entonces, investigadores y técnicos españoles desarrollan proyectos científicos, de forma ininterrumpida durante el verano austral, en temas de cambio climático, contaminación, pingüinos y vulcanología.
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