<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Después de la ceremonia de exaltación de la unidad en torno a la figura de Pedro Sánchez del pasado Congreso del PSOE, sus socios y aliados en el Gobierno se han encargado de poner a los socialistas frente a la realidad de su precariedad en el poder y han provocado que algunos hablen, incluso, de un posible adelanto electoral.</strong></h4> <strong>Las peleas internas, pero públicas, en el Ejecutivo</strong> (ahora por la legislación laboral), los nuevos ataques directos a la Justicia desde Podemos y las <strong>indiscreciones de los batasunos sobre la factura de su apoyo</strong> (beneficios para los terroristas presos) enmarcan la parálisis de <strong>un Gabinete sin más horizonte que sacar adelante como sea los Presupuestos Generales del Estado.</strong> <strong>Alfredo Pérez Rubalcaba</strong>, predecesor de Sánchez al frente del PSOE que fue homenajeado en el congreso de los socialistas, definía la vigente fórmula sanchista para residir en el Palacio de La Moncloa como <strong>“Gobierno Frankenstein”</strong>. El exministro, con Felipe González y con José Luis Rodríguez Zapatero, se refería así al monstruo político que podía surgir de la alianza de los socialistas, los populistas de extrema izquierda de Pablo Iglesias, más el añadido de los independentistas catalanes y de los vascos herederos políticos de ETA. En menos de una semana, todas las piezas del conglomerado político que aupó a Sánchez al poder en junio de 2018 han justificado los temores expresados en su día por el veterano dirigente socialista fallecido en mayo de 2019. Para asegurarse la continuidad de la coalición, el presidente del Gobierno asumió las posiciones de Podemos frente a las defendidas por los ministros del PSOE en la ley de vivienda o la subida del salario mínimo interprofesional. Pero ahora, l<strong>a vicepresidenta y titular de Trabajo designada por Iglesias, Yolanda Díaz, exige el control y el protagonismo absolutos en la siempre anunciada y aplazada contrarreforma laboral,</strong> la derogación de la vigente legislación en la materia aprobada en 2012 por el primer Gobierno de Mariano Rajoy. Sánchez prometió lo mismo, pero daba largas al asunto e incluso <strong>su vicepresidenta económica, Nadia Calviño, garantizaba ante Bruselas que el Ejecutivo español no daría pasos atrás en la modernización y flexibilización del mercado de trabajo para satisfacer a los sindicatos.</strong> Díaz trabaja justo en lo contrario desde el pasado mes de marzo y remató la semana negra para el Ejecutivo de coalición con su presencia en el Congreso de Comisiones Obreras, arengada al grito de “presidenta, presidenta”, al dar por hecho que derogará la legislación laboral. Las centrales sindicales aspiran a recuperar el control sobre la negociación colectiva, el que tenían antes de anterior crisis económica. El problema añadido que tiene Sánchez es que la llegada de los fondos europeos también depende de que la reforma laboral que acometa no vaya en contra de la competitividad y la creación de empleo de la economía española. <strong>El choque entre Calviño y Díaz sigue al alza mientras el Ejecutivo se juega su futuro inmediato en la tramitación de los Presupuestos</strong>, objetivo para el que necesita el apoyo en bloque de sus aliados más fijos: los independentistas de ERC que suelen ir de la mano de Bildu, el PNV y algunos diputados de grupos de izquierda regionales. Sólo con todos ellos puede superar la cifra de los 176 diputados que le permita sacar adelante las cuentas del Estado. Tampoco benefician a los planes del Gobierno las <strong>indiscreciones de Arnaldo Otegi, antiguo pistolero de ETA y ahora portavoz de Bildu</strong>, sobre el precio de su apoyo parlamentario al Ejecutivo del PSOE y Podemos: los beneficios penitenciarios para los terroristas presos. Sánchez normaliza las relaciones con la formación heredera de Batasuna (brazo político de la banda) como una parte más de su alianza con toda la izquierda independentista. El caso de los <strong>nuevos ataques de Podemos a la Justicia, ahora al Tribunal Supremo, a cuenta de la condena del diputado Alberto Rodríguez</strong> por patear a un policía es otra muestra del ingrediente antisistema y de desprecio a la separación de poderes que anida en el otro partido de la coalición. Sánchez guarda silencio, pese a la bronca. El espectáculo del “Gobierno Frankenstein” fomenta en el Congreso la idea de que<strong> el trámite de los Presupuestos puede ser traumático para Sánchez y sus socios,</strong> tanto por las peleas internas como por las facturas exhibidas por los aliados. Y más si el deterioro de la economía (inflación y precio de la energía) deja en evidencia, sobre la marcha, las previsiones de las propias Cuentas del Estado. No serán unos Presupuestos que garanticen una legislatura y ha sido<strong> Iván Redondo</strong>, el defenestrado super asesor de Sánchez, el primero en <strong>insinuar que a partir de marzo puede haber nuevas elecciones en cualquier momento.</strong>
