The Diplomat
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y el Frente Polisario discreparon ayer abiertamente sobre el papel de España como “potencia administrativa” en su antigua colonia del Sáhara Occidental.
Durante una intervención en el Congreso de los Diputados en la que evitó cualquier crítica a Marruecos por el arresto domiciliario que sufre desde hace meses la activista saharaui Sultana Jaya (y en la que volvió a apelar a la “discreción”), Albares aseguró que España no es “potencia administradora” del Sáhara Occidental porque “ni en la lista de territorios no autónomos ni de las Naciones Unidas ni ninguna resolución dice que España lo es”. “Lo dejó de ser en el año 75”, añadió.
Horas más tarde, durante una rueda de prensa conjunta con su homóloga de Andorra, María Ubach, en el Palacio de Viana, el ministro afirmó que, “más allá de un debate que es jurídico o semántico, lo que es importante es dónde está España y dónde va a seguir estando, en el grupo de amigos de apoyo al Sáhara”, desde el que apoya los esfuerzos de Naciones Unidas y su nuevo enviado especial para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, para que “ambas partes encuentren una solución en el marco de la ONU y según los principios de la Carta de Naciones Unidas”.
Las afirmaciones de Albares fueron duramente criticadas por el Frente Polisario, cuyo delegado en España, Abdulah Arabi, calificó de “desacertada” la declaración del ministro y reclamó “un papel activo por parte del Estado español para que el pueblo saharaui puede poner fin a una larga etapa de sufrimiento, a través del ejercicio de su inalienable derecho a la autodeterminación e independencia”.
El Gobierno asegura que España se desligó de toda responsabilidad mediante una carta enviada en 1976 a la secretaría general de la ONU tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid de 1975 . No obstante, según Arabi, España no puede ampararse en estos acuerdos para desvincularse porque fueron anulados tanto por la ONU como por la misma Audiencia Nacional.
España firmó en 1975 los Acuerdos Tripartitos de Madrid, por los que entregaba el control territorial (que no la soberanía) a Marruecos y Mauritania. El control pasó íntegramente (por adhesión) a Marruecos en agosto de 1979, tras la decisión de Mauritania de renunciar a su parte (y de reconocer al Frente Polisario como representante del pueblo saharaui). El 27 de febrero de 1976, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La soberanía de Marruecos aún no ha sido reconocida por la comunidad internacional.
Tanto la retirada mauritana como la posterior anexión marroquí suponían la invalidación de facto del Acuerdo Tripartito de Madrid, puesto que había sido roto unilateralmente por dos de las tres partes. La ONU no ha reconocido nunca la validez de este acuerdo ni ha admitido a Marruecos como potencia administradora del territorio, que legalmente sigue figurando como “único territorio español pendiente de descolonización”. Por su parte, la Audiencia Nacional afirmó en 2014 que “España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la potencia administradora del territorio, y como tal, hasta que finalice el periodo de la descolonización, tiene las obligaciones recogidas en los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas, entre ellas dar protección, incluso jurisdiccional, a sus ciudadanos contra todo abuso”.
La nueva polémica en torno al estatus de España en su antigua colonia se producen en plena remontada de la grave crisis diplomática que vivieron Madrid y Rabat hace unos meses tras la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que se tradujo en una entrada masiva e incontrolada de inmigrantes en Ceuta con la complicidad de las autoridades de Marruecos, así como en una llamada a consultas de la embajadora marroquí en Madrid y en toda una serie de acusaciones públicas contra España. El Rey Mohamed VI anunció públicamente el pasado 21 de agosto el inicio de un proceso de reconciliación para poner fin a la crisis con España y Albares y su homólogo marroquí, Nasser Bourita, mantuvieron a finales de septiembre su primera conversación telefónica desde la crisis, en la que acordaron celebrar “una reunión en persona próximamente”.
