<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>España y el resto de Estados miembros de la UE han pedido al alto representante para Política Exterior, Josep Borrell, que empiece a preparar una posible” tercera ronda” de sanciones al régimen de Nicaragua, incluido al “entorno del presidente Daniel Ortega”, ante la posibilidad de que se produzca un “fraude electoral” en los comicios generales del próximo 7 de noviembre.</strong></h4> Así lo explicó ayer a los periodistas <strong>el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares</strong>, al término de un Consejo de Asuntos Exteriores de la UE que ha incluido, “como punto principal para España”, la situación en Nicaragua. <strong>“Hemos liderado, una vez más, la posición en la UE y hemos obtenido un consenso en general sobre nuestras posiciones para intentar revertir la situación actual, que nos conduce a una situación que podemos calificar de fraude electoral”, porque “no se dan las condiciones mínimas para que pueda haber un proceso electoral democrático, libre, transparente y competido”</strong>, declaró el ministro en Luxemburgo. “Por lo tanto, hemos barajado distintas opciones para intentar que la situación cambie antes del 7 de noviembre”, prosiguió. “En el caso, como todo apunta, de que no ocurra, hemos barajado también una serie de medidas con las que van a empezar a trabajar el Servicio de Acción Exterior y el alto representante, Borrell, apoyado por los Estados de la UE”, y que podrían traducirse en <strong>“una tercera ronda de sanciones a nivel personal, incluido el entorno del presidente Ortega,</strong> <strong>si es necesario”</strong>, aseguró. Albares no precisó plazos concretos para esas medidas, aunque sí aseguró que, “sin ninguna duda”, las medidas se pondrían en marcha “a partir del 7 de noviembre”. <strong>“El Servicio Exterior de la UE va a poner encima la mesa un papel con propuestas concretas y, una vez que llegue el 7 de noviembre y se produzca lo que en estos momentos, desgraciadamente, parece bastante inevitable, es cuando vamos a barajar esas posibilidades”</strong>, declaró. En todo caso, advirtió, <strong>“dado que es muy complicado y no soy muy optimista en que las circunstancias cambien en Nicaragua, vamos a empezar a trabajar ya para tener toda esa batería de medidas preparadas y poder actuar con mucha rapidez”.</strong> Este debate de ayer sobre Nicaragua se produjo <strong>una semana después de que el Consejo de UE prorrogara por un año, hasta el 15 de octubre de 2022, las medidas restrictivas selectivas impuestas en Nicaragua</strong>. El régimen de sanciones se introdujo por primera vez en octubre de 2019 para hacer frente al deterioro de la situación política y social en el país y está dirigido a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades socavan la democracia y el Estado de derecho. Las sanciones actualmente se aplican a 14 personas, incluida la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, y fueron elaboradas para no dañar a la población ni a la economía de ese país. El pasado 10 de junio, Josep Borrell hizo un llamamiento al restablecimiento del diálogo inclusivo y la democracia como única forma de salir de la crisis política, económica y social en Nicaragua y pidió a las autoridades nicaragüenses que pusieran fin a la represión y que garantizaran plenamente el respeto de los derechos humanos y de los derechos civiles y políticos en el país. “En lugar de ello, el Gobierno nicaragüense ha intensificado la represión” y “ha eliminado la posibilidad de cualquier competencia electoral seria en las urnas el 7 de noviembre de 2021”, denunció el Consejo para justificar sus nuevas sanciones. <h5><strong>España frente a Ortega</strong></h5> El Gobierno español ha denunciado reiteradamente la situación en el país centroamericano, lo que se ha traducido en un claro deterioro de las relaciones diplomáticas entre Madrid y Managua. El pasado mes de junio, <strong>la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya</strong>, y sus homólogos de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá y República Dominicana reclamaron en una carta conjunta la “inmediata liberación” de los líderes de la oposición de Nicaragua detenidos por el régimen de Daniel Ortega. Asimismo, el Gobierno español expresó en agosto, en un comunicado, su convicción de que <strong>el proceso electoral de Nicaragua no ofrecerá un resultado con garantías y credibilidad e instó al régimen de Daniel Ortega a detener la represión contra la oposición y los medios de comunicación.</strong> Pocos días después, <strong>Albares llamó a consultas a la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras una nota emitida por el Gobierno nicaragüense en la que se acusaba a España de “intromisión, injerencia e intervención”</strong> en los asuntos internos de Nicaragua. En su nota, el régimen de Managua acusaba también al Ejecutivo español de incumplir “continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia” y denunciaba los “crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados de los GAL en los años 80” (los responsables del Ministerio del Interior implicados, José Barrionuevo, Rafael Vera o Julen Elgorriaga, sí fueron procesados y condenados, aunque más tarde indultados, y los tribunales nunca calificaron los hechos como crímenes de lesa humanidad) y la “feroz y brutal historia colonial y neocolonial” de España.
