<h6><strong>Eduardo González</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, participará hoy en Luxemburgo en un Consejo de Asuntos Exteriores de la UE (CAE) que ha incluido la situación en Nicaragua en su orden del día, justamente una semana después de que el Consejo prorrogara en un año las sanciones al régimen.</strong></h4> El Consejo debatirá hoy en Luxemburgo una amplia variedad de temas, como la postura de la UE en la región del Golfo Pérsico tras la reciente visita a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí del alto representante, Josep Borrell; las relaciones de la UE con la Asociación Oriental o diversos asuntos de actualidad, como Afganistán, Túnez, los Balcanes Occidentales, la Diplomacia climática o los intentos de Turquía de reabrir el complejo turístico de Varosha, en la autoproclamada República del Norte de Chipre. Aparte, se espera que el Consejo adopte unas Conclusiones sobre la Operación Militar en Bosnia y Herzegovina (EUFOR ALTHEA). Asimismo, los ministros de Asuntos Exteriores cambiarán impresiones, durante el almuerzo, sobre la situación en <strong>Etiopía y en Nicaragua</strong>. El debate sobre Etiopía se centrará en los aspectos humanitarios a la luz de los últimos acontecimientos ocurridos en el país y en la región de Tigray. En cuanto al debate sobre <strong>Nicaragua</strong>, se invitará a los ministros a estudiar la necesidad de adaptar las políticas de la UE con vistas a las próximas elecciones generales, que tendrán lugar en el país el 7 de noviembre de 2021, y a abordar la mejor manera de apoyar a la población. Este debate se produce <strong>una semana después de que el Consejo de UE prorrogara por un año, hasta el 15 de octubre de 2022, las medidas restrictivas selectivas impuestas en Nicaragua</strong>. El régimen de sanciones se introdujo por primera vez en octubre de 2019 para hacer frente al deterioro de la situación política y social en el país y está dirigido a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de los derechos humanos, de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua o del deterioro de la democracia y el Estado de derecho. Las sanciones actualmente se aplican a 14 personas, incluida la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, y fueron elaboradas para no dañar a la población ni a la economía de ese país. El pasado 10 de junio, Josep Borrell hizo un llamamiento al restablecimiento del diálogo inclusivo y la democracia como única forma de salir de la crisis política, económica y social en Nicaragua y pidió a las autoridades nicaragüenses que pusieran fin a la represión y que garantizaran plenamente el respeto de los derechos humanos y de los derechos civiles y políticos en el país. “En lugar de ello, el Gobierno nicaragüense ha intensificado la represión” y “ha eliminado la posibilidad de cualquier competencia electoral seria en las urnas el 7 de noviembre de 2021”, denunció el Consejo el pasado lunes para justificar las nuevas sanciones. <strong>España frente a Ortega</strong> En lo que respecta a España, fuentes de Exteriores no pudieron confirmar a <em>The Diplomat</em> si Albares tiene previsto llevar al CAE alguna propuesta concreta sobre Nicaragua. En todo caso, el Gobierno español ha denunciado reiteradamente la situación en el país centroamericano a lo largo de los últimos meses, con el consiguiente deterioro de las relaciones diplomáticas entre Madrid y Managua. El pasado mes de junio, <strong>la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya</strong>, y sus homólogos de Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá y República Dominicana reclamaron en una carta conjunta la “inmediata liberación” de los líderes de la oposición de Nicaragua detenidos por el régimen de Daniel Ortega. Asimismo, el Gobierno español expresó en agosto, en un comunicado, su convicción de que <strong>el proceso electoral de Nicaragua no ofrecerá un resultado con garantías y credibilidad e instó al régimen a poner fin a la represión contra la oposición y los medios de comunicación.</strong> Pocos días después, <strong>Albares llamó a consultas a la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras una nota emitida por el Gobierno nicaragüense en la que se acusaba a España de “intromisión, injerencia e intervención”</strong> en los asuntos internos de Nicaragua. En su nota, el régimen de Managua acusaba también al Ejecutivo español de incumplir “continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia” y denunciaba los “crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados de los GAL en los años 80” (los responsables del Ministerio del Interior implicados, José Barrionuevo, Rafael Vera o Julen Elgorriaga, sí fueron procesados y condenados, aunque más tarde indultados, y los tribunales nunca calificaron los hechos como crímenes de lesa humanidad) y la “feroz y brutal historia colonial y neocolonial” de España. A mediados de septiembre, el Gobierno español expresó su solidaridad con el escritor nicaragüense <strong>Sergio Ramírez</strong> y rechazó las “infundadas acusaciones” de la Fiscalía de Nicaragua, que cursó contra él una orden de detención. Por las mismas fechas, el propio Albares aseguró en persona a Ramírez, durante un acto en el Instituto Cervantes, que España “siempre” será su país porque “todos los que están a favor de la democracia tienen un sitio en España”.
