The Diplomat
El Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza ha desestimado la petición de la Abogacía del Estado para que se archive la causa sobre el llamado ‘caso Ghali’ y ha acusado al Gobierno de haber vulnerado las normas del Espacio Schengen para permitir la entrada irregular en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
La abogada del Estado solicitó el pasado 17 de septiembre el sobreseimiento para el anterior jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores, Camilo Villarino, así como el archivo de la causa. En respuesta a esta petición, el juez del caso, Rafael Lasala, advirtió en un auto fechado el pasado siete de octubre –y recogido por la agencia Europa Press- de que, con el sobreseimiento, “se está pidiendo un juicio anticipado que sólo procedería en el caso de que ‘el hecho’ material fuera inexistente”, lo cual “no es así, pues hasta la parte solicitante reconoce que ha existido”.
Por otra parte, la Abogacía del Estado invocaba, en su solicitud, una serie de artículos del reglamento Schengen en los cuales se autoriza a los Estados miembros a eximir de la obligación de cruzar las fronteras exteriores únicamente a través de los pasos fronterizos y durante las horas de apertura establecidas a personas o grupos de personas en el supuesto de que exista alguna necesidad especial.
En respuesta a ello, el juez reprocha a la letrada que haya invocado de forma “parcial” el artículo del Reglamento de la Unión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo en el que se establecen las normas de la UE para el cruce de personas por las fronteras y ha advertido de que las razones humanitarias alegadas por el Gobierno para permitir la entrada de Ghali debieron ser notificadas al resto de Estados miembros, “algo que no sólo consta que no se ha hecho, sino que se ha reconocido que no se ha querido hacer de forma deliberada con el fin de que la entrada ‘fuera discreta’”.
En cuanto al hecho de no se hubiera sellado el pasaporte de Ghali a su entrada en España, que la Abogacía también ha justificado en base a un artículo de Schengen, el juez Lasala ha advertido de que no tiene “nada que objetar a que se selle o no el pasaporte en el caso indicado”, pero lo que “aquí se enjuicia es si se mostró y se controló, no si se selló”. En este sentido, el magistrado afirma que “la exención se refiere al sellado en los documentos de viaje de jefes de Estado o personalidades, cuya llegada haya sido previamente anunciada ‘de manera oficial por vía diplomática’”, pero en el caso de Ghali “no se da ninguna de las circunstancias, pues la República Árabe Saharaui Democrática no está reconocida por ninguno de los Estados del Espacio Schengen, la consideración de personalidad que hace la defensa de los investigados no es la pretendida por el reglamento como equivalente a un alto dignatario y la llegada, aunque haya sido anunciada por vía diplomática, no lo ha sido de modo oficial precisamente por el carácter reservado y discreto que se le quiso otorgar”.
El juez recuerda también, respecto a las alegaciones hechas por la Abogacía del Estado al Acuerdo bilateral entre España y Argelia, que permite la entrada a titulares de pasaporte diplomático sin visado, que esta medida no puede contradecir el Reglamento Schengen. “La omisión del control de pasaportes puede dejar abierta la puerta a la hipótesis de que pudiera entrar con una documentación falsa o que pudiera causar problemas”, añade el magistrado.
La anterior ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, declaró el pasado lunes ante el juez que la entrada en España de Brahim Ghali, se llevó a cabo “de acuerdo con la ley”, aunque se acogió a la Ley de Secretos Oficiales para negarse a aclarar qué miembros del Gobierno tomaron las decisiones en este caso.
Brahim Ghali aterrizó en Base Aérea de Zaragoza el pasado 18 de abril sin pasar controles de fronteras ni documentación, tras lo cual fue trasladado en una ambulancia e ingresado, con identidad falsa, en el hospital San Pedro de Logroño para ser atendido de COVID-19. La exministra siempre mantuvo que la entrada Ghali se llevó a cabo por “motivos humanitarios”. González Laya fue cesada apenas un mes después del estallido de la crisis diplomática con Marruecos, que se tradujo en una entrada masiva e incontrolada de inmigrantes en Ceuta con la complicidad de Rabat, así como en una llamada a consultas de la embajadora marroquí en Madrid y en toda una serie de acusaciones públicas contra España.
