<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La organización ecologista Greenpeace ha presentado un recurso ante Tribunal Supremo contra la negativa del Gobierno a informar sobre la venta de armas a Arabia Saudí.</strong></h4> Según informó este pasado miércoles la organización en una nota de prensa, Greenpeace presentó una solicitud de información al Gobierno sobre <strong>el envío de unos sistemas portamorteros españoles, modelo <em>Alakran</em>, detectados en la conflictiva frontera entre Arabia Saudí y Yemen, “donde se libra una cruenta guerra desde hace años en la que las violaciones de los derechos humanos son constantes y en la que han perdido la vida miles de civiles”.</strong> “Cabe resaltar que Greenpeace realizó esta solicitud de información para comprobar la legalidad de estas exportaciones de armas, en base al reconocimiento que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al papel de las ONG como ‘vigilantes de los Gobiernos’, para lo que les reconoce el derecho de acceso a la información como un derecho instrumental para poder ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión e información”, prosiguió. Tras la negativa del Gobierno a informar sobre las licencias de exportación de material bélico a Arabia Saudí, Greenpeace interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que finalmente fue desestimado, razón por la cual <strong>la organización ha decidido acudir al Tribunal Supremo</strong>. El caso se remonta a agosto de 2020, cuando una investigación llevada a cabo por Greenpeace y Eldiario.es localizó los mencionados sistemas de mortero españoles <em>Alakran</em> (cuya titularidad pertenece a la empresa NTGS – ahora denominada Ventura Defence-, que es parte del grupo Everis) en manos de miembros de la militarizada guardia de fronteras saudí, que los operaban en la frontera con Yemen. “La investigación sacó a la luz que el armamento fue vendido con autorización del Gobierno español en 2018”, aseguró Greenpeace. Posteriormente, en mayo de este año, “aparecieron nuevos datos sobre el envío de más morteros y de decenas de miles de proyectiles”, así como “de la omisión de información sobre estas exportaciones en las estadísticas de la Secretaría de Estado de Comercio”, añadió. Ante estas evidencias, el objetivo de Greenpeace era conocer “cómo y por qué se autorizaron esas exportaciones”, pero sus preguntas no fueron respondidas porque el contenido “está clasificado gracias la Ley franquista de Secretos Oficiales”. <strong>“Parece que el Gobierno progresista de 2021 está muy cómodo con una ley franquista de 1968 porque pueden ocultar información a la ciudadanía y evitar rendir cuentas ante plausibles evidencias del incumplimiento de la legislación sobre control de comercio de armas”</strong>, declaró Sara del Río, portavoz de la campaña de Desarme de Greenpeace. Según la organización, “Arabia Saudí encabeza la coalición de países involucrados en la guerra civil del Yemen, en la que han fallecido 230.000 personas según la ONU”. Asimismo, recordó, <strong>“la Ley Sobre Control del Comercio de Armas (53/2007) prohíbe expresamente la exportación de armas si existen indicios racionales de que se pueden utilizar para cometer violaciones de derechos humanos”</strong>, de la misma forma que el Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU, del que España es signataria, y la Posición Común 944/2008/PESC de la UE, “que establecen idénticas prohibiciones”.
