The Diplomat in Spain

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La polémica política generada por la presunta entrada irregular en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, llegó ayer al Congreso de los Diputados, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, eludió hasta en dos ocasiones las preguntas del líder del PP, Pablo Casado, sobre este asunto.

Durante su intervención en el Pleno del Congreso, Casado preguntó hasta en dos ocasiones si Pedro Sánchez era “la X del caso Ghali” y había “ordenado” que se dejase “entrar a un individuo en busca y captura por genocidio, terrorismo y violación”.

Tras la respuesta del jefe del Ejecutivo, en la que aseguró que su Gobierno hace “política útil” y afirmó que los españoles están “hasta la coronilla de la bronca, los insultos y los gritos”, el líder de la oposición recordó que la sesión de control al Gobierno “está para responder a lo que se pregunta” y le advirtió de que “si usa su cargo para eludir una investigación judicial, comete un delito de encubrimiento, y si dicta una resolución a sabiendas de que es injusta, comete un delito de prevaricación”. “Por mucho que pague” a la exministra de Exteriores Arancha González Laya “con un cargo europeo” y a la exvicepresidenta Carmen Calvo con la presidencia de una comisión parlamentaria, “la responsabilidad es del presidente del Gobierno”, agregó.

En la misma sesión del Congreso, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, también debió afrontar una pregunta sobre el ‘caso Ghali. Concretamente, la diputada Valentina Martínez Ferro, del PP, también acusó a Pedro Sánchez de ser el responsable último en la autorización de la “entrada ilegal” de Ghali y pidió, por ello, la creación de una comisión de investigación para dirimir responsabilidades políticas.

“Fue Moncloa quien decidió que todo se ocultase, que todo se negase y finalmente que Laya fuera cesada”, afirmó la diputada del PP, quien añadió que los detalles del caso han sido “más propios de El Padrino que de un presidente del Gobierno”. “Moncloa decidió que todo se ocultase, que todo se negase” y este caso ya ha salpicado a los “Ministerios de Exteriores, Defensa, Interior, a Vicepresidencia, a la ministra de Educación y a la presidenta socialista de La Rioja”, añadió.

En su respuesta, Albares pidió al PP que “tenga cuidado” para que no le vaya a suceder lo mismo que le sucedió “con el Delcygate” (en referencia a la entrada en España de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en enero de 2020), sobre el que los populares “estuvieron semanas trayendo todo tipo de acusaciones” que finalmente “fueron archivadas sin juicio porque nadie apreció ningún indicio de delito”.

Asimismo, Albares aseguró que tiene la “plena confianza en que el Gobierno cumple con la legalidad» y que “en este caso también lo ha hecho”, por lo que pidió al PP que “respete el trabajo de los funcionarios diplomáticos, policiales, militares y sanitarios y no venga aquí a buscar rédito político”.

Por otra parte, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó ater la decisión del juez Santiago Pedraz de archivar la querella presentada por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) contra Brahim Ghali por presuntos delitos de genocidio, debido a un error procesal, al considerar que el asunto debía haberse tramitado como procedimiento ordinario, no como procedimiento abreviado. Según los jueces, los delitos de los que se acusa al líder del Frente Polisario “se encuentran castigados con penas que superan el límite objetivo del procedimiento abreviado”.