The Diplomat
La detención de Carles Puigdemont en la isla de Cerdeña ha puesto en un brete a la Justicia italiana, que deberá decidir si la decisión de la Justicia europea de retirar la inmunidad europarlamentaria al expresidente catalán justifica su extradición a España.
Carles Puigdemont fue detenido este pasado jueves por la Policía italiana a su llegada al aeropuerto de Alghero. Tras la detención, el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, envió un oficio al representante español en Eurojust, el juez José de la Mata, para informar a las autoridades judiciales italianas de que el proceso contra el antiguo presidente “sigue pendiente” y, por tanto, la euroorden dictada el 14 de octubre de 2019 contra Puigdemont por sedición y malversación sigue en vigor, dando a entender con ello que no tiene ninguna intención de renunciar a la extradición. En cambio, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado que la euroorden está suspendida.
Horas después de la detención, el Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña) dictó la puesta en libertad de Carles Puigdemont después de tomarle la declaración. El juez no dictó medidas cautelares, pero sí le exigió que permanezca en Cerdeña durante algunos días, hasta que la justicia decida sobre la validez de la euroorden.
El Gobierno italiano no ha reaccionado oficialmente, de momento. El secretario de Estado responsable de Asuntos Europeos, Vincenzo Amendola, citado por el diario El País, aseguró que el Ejecutivo de Mario Draghi espera “respetuosamente” las decisiones de los jueces. Por su parte, el Ministerio de Justicia explicó que Italia trata de aclarar si Puigdemont tenía o no inmunidad en el momento de su detención. “Uno de los puntos que deben resolverse es el contenido de la ordenanza a través de la cual el 30 de julio de 2021 el vicepresidente del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea ha rechazado la petición de suspensión de la retirada de la inmunidad parlamentaria del líder independentista”, señalaron fuentes ministeriales. “Dicho tribunal resolvió que no había motivo de retención que pudiesen esgrimir las autoridades belgas o de otro Estado miembro para pedir el mandato de arresto europeo contra los diputados para entregarlos a la autoridad española”.
La base de este problema, que puede convertirse en una larga batalla jurídica, es la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) del pasado 30 de julio en la que levantó las medidas provisionales que suspendían la inmunidad europarlamentaria de Puigdemont, eurodiputado por JxCAT. En aquella ocasión, el Tribunal de Luxemburgo estimó que no era necesario mantener las medidas cautelares aceptadas en junio -y que paralizaban temporalmente la suspensión de la inmunidad adoptada por el Parlamento Europeo- por considerar que la retirada de la inmunidad no afectaba a sus desplazamientos como parlamentarios y tampoco quedaba acreditado que pudiera ser objeto de una “detención inminente” para su entrega “a las autoridades españolas”.
Este detalle del auto es, precisamente, en el que se amparó ayer la defensa de Puigdemont para solicitar al Tribunal General de la UE que devuelva al expresidente la inmunidad provisional que este mismo órgano le había retirado, ya que aquella decisión, según sus abogados, fue tomada después de confirmar que las órdenes de detención estaban suspendidas y que, por tanto no había riesgo de que Puigdemont fuese detenido.
A la espera de lo que pueda suceder, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamó ayer a Carles Puigdemont que se “someta” a la acción de la Justicia y aseguró su “respeto y acatamiento a las decisiones judiciales que se puedan adoptar por parte de la Justicia italiana”. El presidente del PP, Pablo Casado, pidió Sánchez que haga todo lo posible para que Puigdemont sea extraditado desde Italia y se mostró convencido de que “el Gobierno de España se movilizará diplomáticamente, políticamente” con ese objetivo.
