<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>Pedro Sánchez arranca el curso político sin cerrar las diferencias internas con sus socios de Podemos dentro del gabinete de coalición, pendiente de las facturas de sus aliados independentistas catalanes y obligado a sacar adelante unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que dejarán de nuevo en evidencia su debilidad parlamentaria.</strong></h4> El Gobierno necesita esas nuevas cuentas, que deben empezar a tramitarse a finales de este mes, para <strong>garantizarse las ayudas de la Unión Europea</strong> y completar el ciclo económico que le permitiría <strong>agotar la legislatura</strong>, aunque fuera con prórrogas presupuestarias, hasta finales de 2023 o incluso enero de 2024, que es el objetivo fijado por el jefe del Ejecutivo. El conglomerado de<strong> partidos de extrema izquierda, separatistas y nacionalistas en que se apoya Sánchez</strong> ha empezado a esbozar las <strong>facturas de sus exigencias</strong> económicas y políticas conscientes de que son imprescindibles para la continuidad del actual inquilino del Palacio de la Moncloa, igual que lo fueron para que pudiera alcanzar el poder en junio de 2018. El presidente del Gobierno reeditó ese compromiso con sus aliados hace apenas nueve meses, en los Presupuestos aprobados en las Cortes que caducan a final de año, y ahora tiene que partir casi de cero, los 120 diputados del PSOE en un Congreso de 350 miembros, para trabajar en los próximos. El gabinete de coalición se apunta otra evidencia de división interna al adelantarse Podemos (35 diputados) a anunciar en público y por medio de <strong>la heredera de Pablo Iglesias, la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra,</strong> todo un catálogo de exigencias ante el nuevo y decisivo trámite parlamentario. Bajo la advertencia de que “se juega su reelección” en los próximos meses, la jefa del socio principal de Sánchez recordó al jefe del Ejecutivo los compromisos pendientes de cumplir, como el de intervenir el mercado de la vivienda, y las nuevas asignaturas para los Presupuestos. <strong>Las exigencias de Podemos</strong> se concretan de momento en subir los impuestos a las empresas (con un mínimo fijo del 15 por ciento en Sociedades), generalizar y ampliar el subsidio del llamado Ingreso Mínimo Vital o aumentar los permisos de paternidad y maternidad. En la formación de extrema izquierda plantean por adelantado una intervención previa de las empresas de energía y la fijación de precios en el mercado del alquiler desde el Estado, además de recordar que sigue pendiente y sin acuerdo entre los socios para la derogación de la vigente ley laboral. <strong>La vicepresidenta y ministra de Trabajo Yolanda Díaz</strong>, de la cuota comunista del gabinete, tiene puesta fecha al final de la reforma aprobada hace nueve años por el Gobierno de Mariano Rajoy: en diciembre, justo cuando tienen que cerrarse los Presupuestos en el Congreso. Sánchez le da largas al asunto mientras<strong> su vicepresidenta económica ,Nadia Calviño</strong>, del sector tecnócrata del Ejecutivo, se compromete en Bruselas a no derogar la reforma laboral para no poner en peligro las ayudas de la UE para la reconstrucción. <strong>Son los fondos europeos la gran baza que permite al jefe del Ejecutivo encarar el trámite de los Presupuestos con optimismo</strong> por el margen de gasto que le ofrecen, hasta 196.142 millones de euros, el mayor conocido en España. Sánchez cuenta para el próximo ejercicio con 26.000 millones en ayudas directas de la UE, aunque solo para tapar la quiebra técnica de la Seguridad Social tenga que transferir 18.000 millones a la Seguridad Social para sostener el sistema de pensiones. Con el <strong>déficit público disparado hasta el 11 por ciento</strong>, el presidente del Gobierno sigue apostando por la <strong>barra libre en el gasto</strong> para reactivar la economía y aprovechar la suspensión por la UE de las medidas de estabilidad presupuestaria, precisamente hasta el final de la actual legislatura. El problema mayor para Sánchez en la tramitación de los Presupuestos no va a ser el capítulo económico en general ni el endeudamiento en particular para contentar a Podemos. Para sumar los 21 votos imprescindibles a los 155 que reúnen socialistas y populistas para sacar las nuevas cuentas del Estado adelante <strong>necesitan a los independentistas catalanes que están divididos en tres partidos con 21 escaños en total. PNV, Bildu y otros partidos menores</strong> le dan más margen para la composición final de una mayoría presupuestaria, pero sin asegurar primero al partido que controla la Generalitat, ERC, el presidente del Gobierno se arriesga a una derrota parlamentaria segura. Es la particular baza con que el presidente del gobierno autonómico catalán Pere Aragonés, vigilado de cerca por sus socios de los otros dos partidos separatista, concurrirá esta semana a la negociación con Pedro Sánchez. Y más allá de la discusión sobre las inversiones en el aeropuerto de El Prat, la factura de los independentistas catalanes a cambio de mantener al dirigente socialista en el poder es la misma de la moción de censura: facilidades para su plan de ruptura y referéndum de autodeterminación. Y con ese guion se tendrán que celebrar todas las reuniones en plano de igualdad Gobierno-Generalitat a las que Sánchez se pliegue durante todo el trimestre de tramitación de los Presupuestos hasta la votación final en el Congreso prevista para diciembre.
