<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La Real Academia de la Lengua Española (RAE) hizo público ayer un comunicado en el que expresa su protesta por la orden de detención dictada por el régimen de Daniel Ortega contra el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes en el año 2017.</strong></h4> En su comunicado, la RAE denuncia “con toda energía” la persecución que representa “la orden de detención cursada por la <strong>Fiscalía de Nicaragua contra</strong> el académico nicaragüense, miembro correspondiente de la RAE y escritor don <strong>Sergio Ramírez</strong>, uno de los más lúcidos pensadores y literatos del universo hispanohablante, premio Cervantes y valiente luchador por las libertades en su país». <strong>La RAE exige el “levantamiento inmediato” de las medidas</strong> adoptadas contra Sergio Ramírez, quien tiene también la nacionalidad española. Igualmente, la RAE<strong> defiende «las libertades de pensamiento y expresión</strong> como los primeros valores de cualquier sistema de convivencia” y <strong>lamenta “el grave intento de cercenarlas </strong>para evitar el debate libre sobre las opiniones e ideas”. “Las palabras -señala el comunicado- tienen que ser usadas en libertad por todos; evitar la manifestación libre de toda clase de opiniones, muy especialmente de contenido político, es la forma más intolerable de ejercicio arbitrario del poder porque conduce a la opresión de los ciudadanos en beneficio exclusivo de los imperantes. La institución indica que está abierto a adhesiones por parte de otras instituciones culturales e informa de que, hasta el momento, <strong>se han sumado otras 12 academias de la lengua, en concreto, las de Ecuador, México, El Salvador, Chile, Perú, Costa Rica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Argentina, Puerto Rico y la Academia Norteamericana de la Lengua Española</strong>. La Fiscalía de Nicaragua pidió el miércoles la detención de Sergio Ramírez, a quien acusa de realizar “actos que fomentan e incitan al odio y la violencia", después de que el escritor se haya manifestado en diversas ocasiones muy crítico con Daniel Ortega, y en un contexto en que el régimen del presidente y su esposa, Rosario Murillo, está encarcelando a opositores y periodistas críticos en vísperas de las elecciones presidenciales de noviembre. Ramírez, de 79 años fue vicepresidente de Nicaragua, con el primer Gobierno sandinista de Ortega, entre 1985 y 1990, pero posteriormente rompió con él y ha sido uno de sus principales detractores. En la actualidad se encuentra fuera del país. El viernes pasado, el<strong> Grupo Parlamentario Popular presentó una propuesta para que el Congreso de los Diputados adopte una declaración institucional que condene la represión en Nicaragua y la orden de detención dictada contra Ramírez</strong>. En el texto remitido por <strong>el portavoz adjunto del PP de Exteriores, Pablo Hispán</strong>, al presidente de la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja, el socialista <strong>Pau Marí Klose</strong>, se pide que se exija a Ortega el fin de todo tipo de hostilidades contra el escritor, así como "la inmediata liberación de todos los presos políticos y el respeto a los Derechos Humanos en Nicaragua". Además, <strong>los populares recuerdan que el régimen de Ortega cuenta con el apoyo de Unidas Podemos,</strong> por lo que confían en que "el PSOE no se deje arrastrar una vez más por los comunistas que están en el Gobierno" y acepte el texto propuesto. Desde las redes sociales, los dirigentes populares están subrayando, estos días, la falta de pronunciamientos del Gobierno sobre el acoso a Sergio Ramírez. El Gobierno ha expresado en semanas anteriores sus críticas a las detenciones de opositores y periodistas y el pasado 11 de agosto, e<strong>l ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llamó a consultas a la embajadora de España en Managua, Mar Fernández-Palacios,</strong> en respuesta a un duro comunicado de la Cancillería nicaragüense en el que se denunciaban injerencia por parte de España y se recurría a los GAL o a Cataluña para criticar al Gobierno.
