El inicio de las “Primaveras Árabes” tuvo lugar en Túnez, como consecuencia de un movimiento en cadena derivado de la inmolación de Mohamed Buazizi, el 10 de diciembre de 2010 y la posterior “Revolución del Jazmín”, que estalló unos días después en Sidi Bouzid.
La caída del régimen de Ben Ali, tras 23 años el poder, generó enormes expectativas (no sólo en Túnez) de acabar con un régimen basado en la injusticia y la corrupción, y de empezar una senda de justicia y libertad, que condujera a la democracia política y el bienestar económico.
El primer paso fue el establecimiento de un sistema democrático clásico de República semipresidencialista, con elecciones independientes para el Parlamento y para la Presidencia de la República. En las elecciones de 2019, Kais Saied obtuvo la Presidencia con un respaldo muy significativo, mientras que el partido islamista moderado Ennahda se convirtió en el principal partido de una Cámara muy dividida.
El considerable deterioro de la economía, que ha llevado a la existencia de diez gobiernos en una década, junto con una desastrosa gestión de la Pandemia, ha vuelto a generar movimientos de protesta entre la población, con la consiguiente batalla política para asumir la responsabilidad de la situación.
En esta tesitura, Saied, antiguo profesor de Derecho Constitucional, ha adoptado una postura obstruccionista, no sólo con respecto a los nombramientos del ejecutivo, sino también (y aquí reside la clave) en la puesta en marcha del Tribunal Constitucional, que debería estar operativo desde 2015. La Constitución tunecina reserva al Presidente competencias directas en Defensa y en Política Exterior, excepto en supuestos extraordinarios, contemplados en su artículo 80.
La ausencia del Tribunal Constitucional convierte de facto, al Presidente en único interprete de dicho artículo, lo que le ha permitido cesar al Primer Ministro y a los Ministros de Defensa y Justicia y clausurar el Parlamento asumiendo todos los poderes del Estado, incluyendo el control de las Fuerzas Armadas y la Policía. Todo ello con un mensaje al pueblo orientado a salvar el país y restaurar la paz social.
Ciertamente, en situaciones de emergencia, la Constitución permite la acumulación de poderes durante un plazo máximo de 30 días, por lo que pudiera parecer prematuro hablar de “golpe presidencial” o golpe de Estado. En cualquier caso son malas noticias para un régimen democrático cada vez más homologable en el entorno internacional.
Con independencia de cómo termine la actual situación, resulta evidente que, al margen de la evolución en el sistema político del país, la situación económica y social dista mucho de ser aceptable para sus ciudadanos. Desde occidente, la valoración de la revolución tunecina ha sido vista como un gran avance, en particular en su entorno regional, sin embargo, el crecimiento económico desde el 2010 se ha reducido a la mitad, el paro (especialmente el juvenil) está desbocado, la deuda pública fuera de control y el precio de los productos básicos no deja de aumentar.
Este escenario se ha visto agravado por el descontrol de la Pandemia, con un porcentaje de muertos elevadísimo y un colapso del sistema sanitario, al que se une la caída del turismo, sector clave para la economía tunecina.
El recuerdo, aún reciente, de la “Revolución del Jazmín” está muy presente entre los tunecinos, e incluso movimientos recientes como el llamado “25 de julio” están reclamando completar los avances que se consiguieron en 2011. En esta clave puede entenderse mejor la decisión de Saied para tranquilizar a la población. Concentrar las protestas en el partido Ennhada puede permitirle ganar tiempo para capear el temporal.
Las primeras reacciones apuntan en dicha dirección. La reacción del partido islamista ha sido tranquilizante por el momento, además, ya son siete los partidos políticos que se han sumado a un frente de apoyo al Presidente, y todo apunta a que, mayoritariamente, la población ha acogido de forma muy positiva el movimiento presidencial. Si tenemos en cuenta que Saied también cuenta con el apoyo del ejercito, da la impresión que las peticiones de los países occidentales de vuelta a la normalidad pueden caer en saco roto.
Desgraciadamente para sus ciudadanos, diez años de funcionamiento democrático no han resuelto la precariedad en la que se mueve la economía tunecina y, si bien es cierto que, por el momento la población apoya a su Presidente, de perpetuarse la actual situación no hay que descartar que estallen las tensiones sociales. En estos momentos, todo apunta a que el estado de excepción podría prolongarse más allá del período previsto, poniendo en peligro el futuro del país.
Una década después del inicio en Túnez de los movimientos democráticos, con sus promesas de justicia y prosperidad, las perspectivas no son favorables para la única democracia de la región. ¿Terminarán donde comenzaron las ilusiones de las Primaveras Árabes?
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