The Diplomat in Spain

The Diplomat

La Unión Europea impuso ayer sanciones a ocho personas más a las que considera involucradas en la represión que vive Nicaragua e incluyó en ese grupo a la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, que es además la esposa del presidente, Daniel Ortega.

El Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, indicó en un comunicado que las medidas restrictivas se adoptan contra esos ocho individuos «como responsables de graves violaciones de los derechos humanos o de acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua», informa Europa Press.

El Consejo subrayó que “las medidas van dirigidas contra personas y están concebidas de modo que no perjudiquen a la población ni la economía nicaragüenses».

Entre los sancionados se encuentra también Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que es el jefe del movimiento sandinista 4 de mayo y dirige Canal 8, una de las principales cadenas de televisión del país.

Asimismo, las sanciones afectan al consejero económico de Ortega, Bayardo Arce Castaño; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Eduardo Porras Cortés; la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos Vanega; la fiscal general Ana Julia Guido Ochoa; y dos responsables de la policía.

Con esta medida, la UE ha sancionado ya en Nicaragua a catorce personas, cuyos bienes en territorio comunitario quedarán inmovilizados. Además, los ciudadanos y las empresas de la UE están sujetos a la prohibición de poner fondos a su disposición. Ninguno de ellos podrá viajar a la Unión ni transitar por el espacio de la UE.

Al adoptar la medida, el Consejo aseguró que la situación política en Nicaragua «se ha deteriorado aún más en los últimos meses» y añadió que «el uso político del sistema judicial, la exclusión de candidatos de las elecciones y la inhabilitación arbitraria de los partidos de la oposición son contrarios a los principios democráticos básicos y constituyen una grave violación de los derechos del pueblo nicaragüense».

«Estas acciones socavan aún más la credibilidad del proceso electoral, ya obstaculizado por una reforma electoral que no cumplió con las recomendaciones de las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos y la UE», aseveró. El club comunitario recordó que ha instado «reiteradamente» al Gobierno nicaragüense a que cumpla «sus propios compromisos, la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales en materia de derechos humanos».

«La UE también ha pedido en repetidas ocasiones que se establezca un diálogo eficaz con la oposición sobre la adopción de reformas electorales como paso esencial para restaurar la confianza en las instituciones públicas, y que regresen los organismos internacionales de derechos humanos a Nicaragua», agregó. De acuerdo con la Unión, las sanciones anunciadas ayer demuestran que los Veintisiete «siguen estando resueltos a utilizar todos sus instrumentos para apoyar una solución democrática, pacífica y negociada a la crisis política de Nicaragua».

«Lamentablemente, la detención de un séptimo posible candidato presidencial el pasado fin de semana ilustra la magnitud de la represión en Nicaragua y proyecta una imagen inquietante para las próximas elecciones», señaló el Consejo. Reiteró su condena a «la represión sistemática por parte de las autoridades nicaragüenses» y les instó a que «deroguen leyes restrictivas, entre ellas la Ley de regulación de los agentes extranjeros».

Asimismo, reclamó la liberación «inmediata e incondicional» de los presos políticos, así como el pleno respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos nicaragüenses. El régimen de sanciones contra Nicaragua se adoptó primero en octubre de 2019, «después de que el Consejo manifestara reiteradamente su inquietud ante el deterioro de la situación política y social en Nicaragua y condenara con firmeza la represión ejercida desde abril de 2018 contra opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y sociedad civil». El 4 de mayo de 2020, el Consejo adoptó las primeras medidas restrictivas contra seis personas.