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La operación puesta en marcha el viernes por el Ministerio del Interior para repatriar a Marruecos a los menores no acompañados que se encontraban en Ceuta desde la avalancha del mes de mayo ha provocados diversas reacciones, tanto en las instituciones del Estado como en los socios de Gobierno de Pedro Sánchez.

La decisión de Rabat de aceptar a los menores ha sido vista en medios diplomáticos como un gesto más en el proceso de acercamiento para intentar reconducir las relaciones hispano-marroquíes al nivel que tenían antes de la crisis desatada por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.

Sin embargo, la operación considerada como positiva tanto por el Ministerio de Asuntos Exteriores como por el de Interior, ha suscitado el rechazo del departamento de Derechos Sociales, al frente del cual se encuentra la dirigente de Podemos Ione Belarra.

Belarra ha enviado una carta a Interior, advirtiendo de que las repatriaciones a Marruecos podrían suponer «un incumplimiento de los derechos de las niñas y niños extranjeros en España», lo que considera «muy grave». Y el secretario de Estado de Agenda 2030, el comunista Enrique Santiago, también criticó que ha criticado la devolución de los menores «sin protección familiar, hecha sin intervención de la Fiscalía, en contra del criterio del Defensor del Pueblo y sin existir protocolo de retorno».

La Fiscalía General del Estado, por su parte, ha abierto una abierto una investigación para conocer las condiciones en las que se están produciendo las devoluciones. Ni la Fiscalía del Estado ni la de Ceuta conocen el plan de repatriación fijado entre España y Marruecos, según fuentes jurídicas citadas por Efe.

Ayer, un nuevo grupo de quince menores fueron devueltos a Marruecos, tras ser sacados del pabellón Santa Amelia y trasladados hasta la frontera del Tarajal. En ese punto, los menores fueron entregarlos a las autoridades marroquíes de la Dirección General de Infancia, lo que se seguirá haciendo con grupos de 15 jóvenes al día.

Tras el comienzo de la operación, medio centenar de chicos que se encontraban alojados en el pabellón, se han escapado del mismo para evitar ser devueltos a Marruecos y se han repetido los intentos de fuga en las últimas horas.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Ceuta señalaron a Efe que lo que se ha acordado con Rabat es que una vez que los menores son entregados a las autoridades marroquíes, ellas se encargarán de buscar a las familias de los menores, y en el caso de que no fuera posible quedarían en un centro de acogida de Marruecos. La devolución de menores no acompañados está recogida en un convenio bilateral con Marruecos, pero desde su última revisión en 2012 no se había activado.

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha pedido el cese inmediato de las repatriaciones y lo mismo ha hecho el Consejo General de la Abogacía, que considera que pueden no respetar las normas y los convenios internacionales, así como por dos sentencias del Tribunal Constitucional español, en todas las cuales se exige asegurar protección al menor y seguir cada caso individualmente.

Varias asociaciones y organizaciones no gubernamentales se han opuesto también a las devoluciones, mientras el vicepresidente segundo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, ha asegurado que «se están trasladando a los menores que no son vulnerables» y ha enfatizado que los que sufren algún tipo de maltrato o acoso «no están dentro de este procedimiento».