<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró ayer a la <em>Cadena Ser</em> que para aplicar el acuerdo bilateral de repatriación de menores no acompañados a Marruecos no hace falta negociar con Rabat, porque está en vigor desde hace muchos años.</strong></h4> Albares indicó que no es necesaria establecer “contactos” con su homólogo marroquí para proceder a su aplicación y se mostró convencido de que las devoluciones de los menores no acompañados que entraron a mediados de mayo de manera irregular y masiva en Ceuta <strong>se están efectuando en línea con ese acuerdo bilateral y "con la ley".</strong> Preguntado por si se puede confiar en que los menores recibirán en su país de procedencia el trato que merecen ha respondido que habrá que confiar en ello "mientras no se demuestre lo contrario". "Marruecos es un gran país y es un gran amigo, pero mucho más en estos momentos. España y Marruecos están llamados a tener una buena relación. Para mi, es una prioridad absoluta", dijo Albares quien afirmó que para cualquier ministro de Exteriores español con el reino alauí es "prioritario". Mientras, ayer,<strong> la Abogacía del Estado respaldó</strong> ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta la legalidad de proceder al <strong>retorno de los menores a Marruecos a través del Acuerdo de 2007 firmado con Rabat</strong> debido a la "situación excepcional" que vive la ciudad española tras la crisis vivida en mayo con la entrada irregular de unas 12.000 personas. En su escrito de alegaciones, al que tuvo acceso <em>Europa Press</em>, la Abogacía del Estado <strong>ve defectos de forma en el recurso presentado por dos ONG en los juzgados de Ceuta que paralizó la repatriación</strong> de un grupo de menores, decisión a la que siguió la suspensión cautelar de todos los retornos adoptada por las autoridades locales. La Abogacía cree que estos defectos de forma han podido causar indefensión, al no oírse antes al Gobierno de Ceuta ni tenerse en cuenta la labor ejercida por los servicios sociales locales. En este sentido, señala al Ejecutivo ceutí como el responsable de vigilar la tutela y asistencia de los menores, previa activación del Acuerdo bilateral de 2007. La Abogacía se refiere a la "más que constatada situación de excepcionalidad, anormalidad y de emergencia humanitaria" de Ceuta, con 758 menores que están en centros temporales locales. "La ponderación del interés general debe hacer considerar la aplicación efectiva del Acuerdo de 2007", añade.
