The Diplomat
La Policía Nacional activó a primera hora de la tarde de ayer un operativo para repatriar a los cerca de 800 menores marroquíes no acompañados acogidos en Ceuta desde mediados de mayo, una medida que ha provocado reticencias en el Ministerio de Derechos Sociales.
El dispositivo, según explicaron fuentes policiales a Europa Press, comenzó con ha comenzado con el traslado, en grupos de 15, de los 234 adolescentes cobijados en el polideportivo Santa Amelia.
La operación de repatriación, que no incluirá a los menores considerados «vulnerables», se produce después de que, el pasado lunes, la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, anunciara que «en días» se comprobaría que las relaciones entre España y Marruecos vuelven a ser «muy buenas» tras el cambio al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores.
La repatriación es interpretada en medios diplomáticos como un gesto de Marruecos para facilitar el restablecimiento de la normalidad en las relaciones con España, tras la crisis provocada por la acogida en un hospital español del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali.
El Ministerio de Derechos Sociales, a cuyo frente está la dirigente de Podemos Ione Belarra, advirtió, tras conocer la medida adoptada por el Departamento de Interior de que «cualquier proceso de reagrupación familiar debe contar con un protocolo que incluya entrevistas individualizadas a los niños» migrantes, así como «el conocimiento pormenorizado por parte de la fiscalía del procedimiento».
Derechos Sociales aseguró que lleva «meses» poniéndose «a disposición» del Ministerio que encabeza Fernando Grande-Marlaska para «trabajar un protocolo de reagrupación familiar de niños y niñas que migran solos» que «cumpla con la normativa nacional e internacional», sin haber recibido «ninguna respuesta al respecto» de parte de Interior.
Según el diario ABC, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía de Ceuta han decidido abrir diligencias de investigación para conocer las condiciones en las que se está produciendo la repatriación a Marruecos.
Varias organizaciones no gubernamentales, como la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Caminando Fronteras y Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), expresaron su oposición a la medida por considerar que viola los derechos de la infancia.
Por su parte el director general de Save The Cildren, Andrés Conde, había advertido de que la repatriación de estos menores sólo sería viable «en casos concretos». «Como solución universal sería ilegal desde el punto de vista de la normativa que aplica el Gobierno de España y además estaríamos incumpliendo un deber moral: sencillamente es imposible», dijo.
