<h6><strong>Luis Ayllón</strong></h6> <h4><strong>El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llamó ayer a consultas a la embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras la nota emitida el martes por el Gobierno nicaragüense en la que se vertían “graves e infundadas acusaciones” contra España y sus instituciones”, según un comunicado de la Oficina de Información Diplomática.</strong></h4> En el comunicado, el Gobierno español<strong> rechaza “de manera tajante”</strong> el contenido de la nota de la Cancillería nicaragüense, en la que -subraya- se incluyen<strong> “gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales” españoles.</strong> En su escrito, <strong>el Gobierno de Daniel Ortega acusaba a España de «intromisión, injerencia e intervención» </strong>en los asuntos internos de Nicaragua por los comunicados emitidos en las últimas semanas críticos con la actuación del régimen nicaragüense contra políticos de la oposición y periodistas, en vísperas de las elecciones previstas para noviembre. El Ejecutivo nicaragüense aseguraba que E<strong>spaña carece de "autoridad moral" y es culpable de "tanta falacia, encubrimiento, mentiras, delitos, crímenes de odio y lesa humanidad,</strong> que no confiesan, pero que todo el mundo conoce, y condena". Añadía después que seguirá "denunciando, la cínica y continua, intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos, impropias de Gobiernos democráticos, impropias también de regímenes que incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia". Más adelante, denunciaba los <strong>"crímenes de lesa humanidad, nunca investigados o juzgados de los GAL en los años 80 y</strong> la "feroz y brutal historia colonial y neocolonial" de España y concluía preguntándose "cómo es posible que, mentecatos al fin, se atrevan a dar lecciones de democracia, cuando ni son, ni dan ejemplo, ni cumplen con la verdad y la justicia". En realidad, en el juicio por los GAL si fueron procesados y condenados los responsables del Ministerio del Interior José Barrionuevo, Rafael Vera o Julen Elgorriaga, más tarde indultados, pero nunca las actuaciones de aquel grupo fueron calificadas por los tribunales como crímenes de lesa humanidad. Por todo ello, <strong>el Gobierno español ha respondido llamando a consultas a la embajadora</strong> como medida de protesta por unas acusaciones que considera infundadas y erróneas, y que rechaza tajantemente. Al propio tiempo,<strong> España exige a Nicaragua que “cumpla con los compromisos internacionales adquiridos en materia de Derechos Humanos y sus propios preceptos constitucionales,</strong> garantizando los derechos de todos sus ciudadanos y la libre participación política.”. “Nicaragua -afirma el comunicado de Asuntos Exteriores- atraviesa una profunda crisis política, económica y social desde hace ya más de tres años que se ha agudizado en las últimas semanas como consecuencia del recrudecimiento de la represión por parte del gobierno del Presidente Daniel Ortega contra actores políticos y sociales de la oposición, así como contra medios de comunicación independientes". Asimismo, reitera que “las decisiones adoptadas por el Gobierno de Nicaragua para impedir la participación de la oposición en las elecciones generales convocadas para el 7 de noviembre, junto con la aprobación de un marco legal regresivo, eliminan las debidas garantías del proceso electoral en ciernes y privan de credibilidad a sus resultados”. España y la UE han criticado, <strong>que sean ya 32 los líderes y candidatos de la oposición nicaragüense detenidos y acusados de traición a la patria</strong>, una manera de impedirles presentarse a los comicios, dejando el campo libre para que el exlíder sandinista Daniel Ortega se haga con un quinto mandato, el cuarto de forma consecutiva y segundo junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Además, el pasado lunes, el Consejo Supremo Electoral nicaragüense canceló la personalidad jurídica de la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad (CxL) por lo que no podrá presentarse a las elecciones. <strong>La UE ha sancionado ya a catorce personas vinculadas al régimen de Ortega, entre ellas su esposa y uno de sus hijos,</strong> a quienes se les inmovilizan sus bienes en el territorio comunitario y que no podrán recibir fondos de las empresas europeas. Además, no pueden viajar a territorio de la UE ni transitar por él.
