<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4><strong>El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va de vacaciones después de otra ofensiva de imagen, entre la crisis de Gabinete y el autobombo posterior, pero sin aprobar ninguna de las principales reformas y leyes anunciadas para el curso.</strong></h4> La <strong>falta de apoyos en el Parlamento y de acuerdos con los agentes sociales</strong> han hecho que Sánchez deje para septiembre la fijación del nuevo factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, los cambios en la legislación laboral y la ley de intervención en el mercado de la vivienda. Después del fracaso en las elecciones autonómicas madrileñas y de indultar a los dirigentes independentistas condenados por sedición y malversación, Pedro Sánchez se esforzó en recuperar la iniciativa con los cambios de cara en el Ejecutivo y el adelanto de buenas nuevas sobre el avance de las vacunas que no sirvieron para impedir la quinta ola del coronavirus. Los ataques a la oposición por el bloqueo en la renovación de los órganos constitucionales acompañan a la <strong>falta de acuerdo dentro del propio Gobierno de coalición</strong> sobre sus asignaturas pendientes, todas las económicas. <strong>El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá</strong>, se quedó solo en los tanteos para una verdadera reforma del sistema de pensiones y nada más empezar julio se limitó a presentar un texto con retoques menores avalado por las organizaciones empresariales y sindicatos que sirvió a Pedro Sánchez para organizar un acto de firma y posado en el Palacio de la Moncloa. Escrivá reconoció que el problema de fondo y <strong>el compromiso adquirido con Bruselas no se había tocado: la fórmula para garantizar las pensiones de los españoles</strong> más allá de los próximos comicios. Hasta se sinceró al explicar que los ciudadanos nacidos entre finales de los años 50 y medidos de los 70 tienen que pensar en trabajar más o recibir menos dinero. El estudio y acuerdo sobre ese nuevo “factor de sostenibilidad” quedó ya para el último trimestre del año. Casi igual de atascada está la reforma laboral desde el principio de la legislatura y con un abierto <strong>enfrentamiento entre la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la de Trabajo, Yolanda Díaz.</strong> A la espera de que Sánchez se decante por las posiciones de una u otra, los pactos con Podemos le obligan a modificar una legislación que cuenta con el visto bueno de Bruselas desde 2012 y contribuyó a la recuperación del empleo después de la anterior crisis económica. <strong>Los empresarios se niegan</strong>, además, a pactar cualquier medida que signifique<strong> una vuelta atrás en la flexibilidad de la contratación</strong> o el aumento de los costes salariales. La patronal CEOE califa de “marxistas” las medidas que propone Díaz. La formación de extrema izquierda exige que se cumpla antes de fin de año el compromiso de la derogación que incluye además la clásica exigencia de los sindicatos de recuperar poder por la vía de la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de las empresas. Constatado el bloqueo, los dos sectores del Gobierno han dejado para después del verano las discusiones internas, igual que los intentos de aproximación con los empresarios y los sindicatos. <strong>Los cambios en el Gabinete de Sánchez tampoco han servido para impulsar siquiera la ley de vivienda, otro punto del pacto entre el PSOE y los podemitas</strong>. El relevo de <strong>José Luis Ábalos</strong> en el Ministerio de Transportes por Raquel Sánchez ha dejado las cosas como estaban. La titular socialista defiende que las administraciones puedan congelar los precios del alquiler en zonas “tensionadas”, pero admitiendo subidas del 10 por ciento en los nuevos contratos; mientras que Podemos, representada en la materia por la ministra<strong> Ione Belarra</strong>, insiste en intervenir directamente en la fijación de precios para bajarlos. Cinco meses llevan los dos partidos de la coalición de gobierno cerrados en sus respectivas posiciones sin más acuerdo por el momento que seguir negociando después del verano esa ley de vivienda. Sánchez ha cambiado de ministros, pero sigue sin decidir nada concreto cuando tiene que dirimir en los enfrentamientos internos por la política económica. Cedió ante Podemos y desautorizó a Carmen Calvo en su choque con Irene Montero por el protagonismo en las leyes feministas y ahora<strong> ha dejado para septiembre el resto de las peleas, las de Calviño, Díaz, Belarra y Escrivá.</strong>
