The Diplomat in Spain

Rogelio Núñez

Investigador senior asociado del Real Instituto Elcano

Nicaragua, que en los 80 protagonizó uno de los últimos capítulos de la pugna entre EEUU y la URSS, ha vuelto a captar la atención internacional desde hace un mes. La causa es la deriva autoritaria del gobierno de Daniel Ortega, quien fue uno de los protagonistas de aquel postrer episodio de la Guerra Fría. Varias son las preguntas que caben plantearse ante lo que está sucediendo: qué está pasando en el país centroamericano, por qué está ocurriendo precisamente ahora y, sobre todo, hacia dónde camina la crisis nicaragüense.

Lo que está aconteciendo en Nicaragua supone un regreso a su propio pasado: a la cultura política -entre clientelista y autoritaria- de la dinastía de los Somoza y al adn político-ideológico de una parte del sandinismo, la vinculada a Ortega y su entorno (sobre todo a su esposa, actual vicepresidenta y poder fáctico Rosario Murillo).

Daniel Ortega, que gobernó con mano de hierro el país en los 80 tras la caída del somocismo, con el respaldo de la URSS y la Cuba de Fidel Castro, se vio obligado a dejar el poder en 1990 cuando la presión internacional y el desgaste de la guerra civil le llevaron a convocar unas elecciones que perdió ante Violeta Chamorro. Desde 1990 a 2006, cuando ganó las presidenciales, Ortega se dedicó a reconstruir y controlar el sandinismo (expulsando -purgando- a los disidentes). Además, fue ganando poder institucional: se aprovechó de la debilidad de la élite política en el poder (los liberales de Arnoldo Alemán) quienes, acosados por los escándalos, estuvieron dispuestos a dar mayores cuotas de poder al sandinismo-orteguismo a cambio de echar un manto de silencio sobre la corrupción.

Cuando las fuerzas de centroderecha y derecha se dividieron, Ortega, con el partido (ya más orteguista que sandinista) cohesionado a su alrededor, regresó al poder. Su actual periodo (2007-2021) se ha caracterizado, al menos hasta 2018, por utilizar las viejas mañas del somocismo. Fue cooptando las instituciones (controlando el legislativo, el judicial, el poder electoral, la policía y las fuerzas armadas) y logró pactar con una parte de la clase política conservadora a la que pedía respaldo a cambio de reservarles ciertas cuotas de influencia e impunidad. Así consiguió un completo control político e institucional que dejaba aisladas a las fuerzas opositoras. E incluso se ganó el respaldo de dos viejos enemigos de los 80: el de la Iglesia y el empresariado que alababan su ortodoxia económica mantenida gracias a los subsidios y financiación recibidos desde la Venezuela chavista que le ayudaron a consolidarse sin alterar los equilibrios macroeconómicos.

Apoyado en este entramado introdujo la reelección ilimitada que le ha garantizado la permanencia en el poder (fue reelecto en 2011 y 2016). Sin embargo, su creciente hegemonía se empezó a deteriorar hace un trienio (en 2018) cuando la economía inició el declive y el respaldo venezolano se redujo por la crisis que padece el régimen chavista. Cuando arreciaron las protestas, lideradas por unos sectores jóvenes que solo han conocido a Ortega,  y por el empresariado, el régimen sacó a relucir su adn autoritario, heredero de las prácticas del somocismo (cuya cultura política es en la que se crio Ortega)  y del sandinismo de los 80.

En 2018 a la dura represión y violación de los Derechos Humanos le siguió un diálogo con las fuerzas sociales que se convirtió, en realidad, en una “tregua” trampa en la que el gobierno logró rearticularse y sembrar la discordia dentro de una heterogénea oposición donde conviven fuerzas vinculadas al empresariado con sectores más radicales del movimiento estudiantil. El régimen pudo, desde mediados de 2020, diseñar todo un paquete de leyes con el fin de aplicarlas en este año electoral para descabezar a la oposición algo que ya se ha concretado con la detención de más de una docena de líderes opositores para así allanar la reelección de Ortega.

¿Hacia dónde conduce toda esta situación? El objetivo del régimen es que las presidenciales de noviembre se celebren, que participen fuerzas opositoras controladas por el orteguismo para dar cierta apariencia de legitimidad al proceso y que queden fuera los liderazgos más fuertes del anti-sandinismo, como el que encarna Cristiana Chamorro.

El régimen es un león herido, no una fiera moribunda. Eso quiere decir que, como en 2018, va a responder con represión a cualquier intento de la oposición de alzarse contra la deriva autoritaria. Ortega y su entorno saben que pierden los comicios en caso de celebrarse unas elecciones transparentes. Por eso, el diálogo, en las actuales circunstancias, no pasaría de ser una estratagema del régimen para dividir a una oposición que arrastra profundas fracturas internas.

La salida a la crisis es difícil y compleja. La comunidad internacional -no solo EEUU sino también la UE- debe actuar coordinadamente y haciendo un frente común,  sin fisuras, castigando los intereses económicos del orteguismo. No solo sería lo que más dañaría al régimen sino que suponen una posible moneda de cambio para una negociación futura. Pero la clave pasa por Managua: sin unidad opositora, sin un plan de transición que atraiga a los sectores “blandos” del sandinismo y que garantice que no va a haber venganzas en el posorteguismo, las posibilidades de que el régimen colapse a corto plazo son muy reducidas.

¿Es posible que emerja una nueva Venezuela en Nicaragua? Si bien no es descartable, hay que tener en cuenta que el estado centroamericano es mucho más débil ya que no cuenta con los recursos financieros y económicos venezolanos (petróleo); la ayuda de Rusia no es suficiente y China, país con el que no mantiene relaciones diplomáticas pero sí crecientes vínculos, ha mantenido hasta ahora una discreta distancia con respecto a la crisis nicaragüense. Pero el final de la hegemonía orteguista solo llegará a través del aislamiento económico e internacional de la cúpula del régimen y por una inteligente estrategia opositora basada en la unidad y ajena a vendettas.

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