<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>La Comisión Europea ha vuelto a reclamar a España que ponga fin al bloqueo que impide la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que emprenda una “reforma estructural” en este organismo para que al menos la mitad de sus miembros sean elegidos por los jueces, a fin de evitar su “politización”.</strong></h4> <strong>“El sistema judicial español aún se enfrenta a desafíos, en particular la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial a falta de un acuerdo en el Parlamento para renovar varios órganos constitucionales”</strong>, señala el capítulo correspondiente a España del <a href="https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_rolr_country_chapter_spain_en.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>segundo informe de evaluación anual de la Comisión sobre el Estado de derecho en los países de la UE. </strong></a> Por ese motivo, y al igual que hizo en el primer examen de septiembre de 2020, la Comisión insiste en la necesidad <strong>de una “reforma estructural” del sistema de elección del CGPJ</strong> -cuyo mandato caducó hace dos años y medio- para que <strong>al menos el 50% de los vocales sean designados por los propios jueces</strong>, y no por el Parlamento (como ha ocurrido hasta ahora), “en línea con los estándares europeos” y tras consultar a todas las partes implicadas. “En este nuevo informe estamos repitiendo lo que ya dijimos el año pasado, solo eso, porque sigue sin haber una composición plena del Consejo desde finales de 2018”, declaró <strong>el comisario europeo de justicia, Didier Reynders</strong>. “Nuestra petición es que se apliquen los estándares europeos, que haya una mayoría de jueces elegidos por sus pares”, añadió. Asimismo, <strong>la vicepresidenta de la Comisión para Valores y Transparencia, Vera Jourova</strong>, reconoció que, a “causa de la complejidad de la situación política y del bloqueo”, todavía “no se ha alcanzado la mayoría necesaria para proceder a los nombramientos de nuevos miembros y los actuales miembros siguen en sus puestos de forma interina”. Por ello reiteró, “en nombre de la Comisión”, que <strong>“es importante llevar a cabo la renovación del Consejo y garantizar que no sea percibido como vulnerable a la politización”</strong>, para lo cual se necesita un sistema de nombramientos que “refuerce su independencia”. En todo caso, el informe califica <strong>de “avance positivo” la decisión del PSOE y de Unidas Podemos de retirar (gracias, precisamente, a las presiones de Bruselas) su proyecto de ley para reformar el sistema de elección de los vocales</strong> porque vulneraba “todos los estándares europeos” y hubiera “aumentado la percepción del CGPJ como un órgano vulnerable a la politización”. El documento también expresa su “preocupación” en cuestiones como “las competencias del Tribunal Supremo en casos relacionadas con la responsabilidad penal de altos funcionarios” (aunque no hace ninguna mención a la crisis de Cataluña), <strong>la independencia del Ministerio Fiscal</strong> respecto al Gobierno o el “régimen de incompatibilidades entre jueces y fiscales”. No obstante, el informe también aprecia algunos avances, como <strong>las medidas, “adoptadas o en agenda”, para</strong> <strong>“mejorar la calidad de la justicia"</strong>, entre ellas “la revisión del sistema de asistencia jurídica y del Código de Procedimiento Penal y otros tres proyectos de ley sobre eficiencia procesal, organizativa y digital” o la mejora del “marco institucional y legal” para combatir la corrupción, aunque lamenta, al respecto, la falta de una estrategia anticorrupción que permita afrontar este reto de una forma más integral. El documento también destaca los “esfuerzos para atender la acumulación de casos, tales como la creación de nuevos tribunales”, aunque advierte del “bajo número de jueces por habitante”.
