<h6><strong>Ángel Collado</strong></h6> <h4></h4> <h4><strong>Pedro Sánchez normaliza sus choques con la Justicia (Tribunal Supremo y Consejo del Poder Judicial) y con los principales órganos del Estado, del Tribunal Constitucional al de Cuentas o el Consejo de Estado. Los episódicos reveses o enfrentamientos de todos los Gobiernos frente a las instancias de control institucional o el Poder Judicial se han convertido en hábito para el Ejecutivo de coalición del PSOE con la extrema izquierda de Podemos.</strong></h4> El presidencialismo del actual inquilino del Palacio de La Moncloa, <strong>su empeño en gobernar por decreto</strong>, más los favores a los independentistas (de entrada, al borde de la ley)<strong> chocan con el resto de los poderes del Estado.</strong> <strong>Revocado por el TC el primer estado de alarma</strong> dictado en el arranque de la pandemia, en el Gobierno se preparan ya para encajar la anulación de la posterior prórroga de seis meses que se otorgó para aligerar el control parlamentario, y también el de la delegación de competencias a las Comunidades Autónomas en la materia. Fue el último decreto con el que Sánchez terminó por apartarse de la gestión directa de la crisis sanitaria del Covid. Los calendarios del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo está marcado para lo que queda de año con citas que pondrán en apuros al Gobierno por muy dispuesto que esté a eludir cualquier responsabilidad política como ha hecho ante el último fallo del TC. <strong>El Supremo verá a partir de septiembre los recursos de los partidos de la oposición contra los indultos</strong> a los jefes de los partidos independentistas condenados por sedición y malversación de fondos. Oriol Junqueras y los demás beneficiarios de la medida de gracia presume de su victoria ante “el Estado español” y reiteran su objetivo de romper la nación para proclamar una república catalana propia. Además de volver sobre el caso de los golpistas excarcelados que amenazan con reincidir en los mismos delitos, el máximo tribunal tiene previsto en octubre pronunciarse sobre la legalidad del nombramiento de la fiscal general del Estado, la exministra de Sánchez María Dolores Delgado. Y a los tribunales también llegará la maniobra del gobierno de la Generalitat catalana para cargar sobre sus presupuestos las multas que el Tribunal de Cuentas va a imponer a los mismos dirigentes separatistas por malversar fondos públicos en la intentona de secesión de 2017.<strong> El favor que hará esta vez el Ejecutivo de Sánchez a sus aliados independentistas</strong> consiste en no cumplir con sus obligaciones de recurrir la manifiesta ilegalidad: constituir un fondo para financiar las sanciones a los políticos que se saltan la ley. El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador del Estado cuyos consejeros son elegidos por las Cortes por mayoría de tres quintos, ya constató el resquemor del presidente del Gobierno por el hecho de que multara a sus aliados como responsables de malversación. <strong>Las críticas de Sánchez al Tribunal de Cuentas son parecidas a los reproches al Tribunal Supremo</strong> por no seguir criterios políticos en sus decisiones y plegarse a los nuevos tiempos que proclaman desde La Moncloa para dialogar con los independentistas y olvidar sus desafíos y delitos cometidos contra el marco constitucional. El anterior gabinete de Sánchez culminó sus últimas semanas en pugna, e incluso campaña, en contra las instancias judiciales o de control del Estado que les llevaban la contraria, desde el citado órgano fiscalizador hasta el Supremo o el Consejo General del Poder Judicial por informar en contra de la nueva ley de memoria histórica ahora denominada “democrática”. El Gobierno achaca sus reveses a la composición de esos órganos, con nombramientos caducados desde hace dos años o a punto de caducar, y con mayorías que califica de “conservadoras”. Pese al argumentario de La Moncloa en contra de las decisiones de los otros poderes del Estado que obstaculizan sus planes, las cuentas de los alineamientos ideológicos no le cuadran en muchos casos. En el Tribunal Constitucional, el magistrado considerado más “conservador”, Andrés Ollero, se puso del lado de los defensores del decreto de alarma mientras que Encarnación Roca, propuesta en su día por el PSOE, suscribía la revocación. Y en el CGPJ y el Tribunal de Cuentas todos los informes y sentencias contrarios a los intereses gubernamentales han contado con el apoyo de vocales elegidos en su día por la cuota “progresista”, bien es cierto que fueron propuestos por el PSOE de antes de que Sánchez controlara el partido. La renovación de todos los órganos constitucionales sigue atascada ante la negativa del principal partido de la oposición, el PP, a que entren en los mismos representantes de los aliados de Sánchez: Podemos y los independentistas catalanes. Esos socios comunistas e independentistas comparten los mismos principios y objetivos sobre el control de la Justicia y el objetivo de liquidar el régimen de 1978 según recuerdan los de Pablo Casado para defenderse de la acusación de un bloqueo que amenaza con prolongarse toda la legislatura.
