The Diplomat
El Consejo de Ministros autorizó ayer la contratación, por un importe total de casi 22,6 millones de euros, de un servicio de asistencia sanitaria para el personal que presta servicios en el exterior.
El objetivo de este acuerdo es facilitar la asistencia sanitaria para el personal que presta servicios en el exterior y para todas las personas que hayan sido enviadas por la Administración al extranjero en comisión de servicios y que pertenezcan a los ministerios y organismos que estén adscritos al protocolo de cofinanciación para la prestación de asistencia sanitaria en el exterior.
“La Administración está obligada a garantizar la asistencia sanitaria a todos sus trabajadores, ya sea a través de la Seguridad Social o mediante un contrato de seguros cuando lo anterior no sea posible”, recordó el Ejecutivo.
“Mientras que en el territorio de la Unión Europea la asistencia sanitaria se encuentra garantizada, no ocurre lo mismo en muchos de los países extracomunitarios”, por lo que es necesario “garantizar la asistencia sanitaria tanto de los trabajadores que prestan servicios en el exterior como de todo el personal de la Administración que viaje a dichos países en comisiones de servicios”, prosiguió. “Dado que la Administración carece de los medios necesarios para la prestación de los servicios mencionados se hace necesaria su contratación”, añadió. El importe del valor estimado para este contrato es de 22.591.200 euros.
Mediante este contrato de servicios se daría cobertura sanitaria en el exterior al personal de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Educación y Formación Profesional, Industria, Comercio y Turismo; Transición Ecológica y Reto Demográfico, Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Hacienda, Justicia y Agricultura, Pesca y Alimentación. También se beneficiará de esta cobertura el personal de la Mutualidad General Judicial, el Instituto Cervantes, ICEX España Exportación e Inversiones, TURESPAÑA y Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
Este servicio se materializará, inicialmente, “en una asistencia sanitaria que iguala las prestaciones establecidas en el catálogo de la Seguridad Social española”, según el Gobierno. “Además, en el actual contexto de pandemia sanitaria, se ha convertido en necesaria igualmente la contratación de un servicio que lleve a cabo análisis clínicos para la detección de pacientes contagiados por el COVID-19”, añadió.
La decisión se produce tras la polémica generada por los retrasos en la vacunación contra el COVID-19 del personal destinado en el exterior, sobre todo en países en los que no es fácil acceder a estas vacunas, un asunto que enfrentó a los sindicatos con la anterior ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. El pasado lunes, durante la ceremonia de traspaso de cartera a su sucesor, José Manuel Albares, González Laya citó entre los “logros” de su gestión “la vacunación del personal exterior del Ministerio y de otros Ministerios”.
