<h6><strong>The Diplomat</strong></h6> <h4><strong>Las llamadas “empresas con propósito” o del Cuarto Sector cuentan cada vez con mayor respaldo legal en América Latina, una región en la que este tipo de actividad genera más del 6% del PIB regional y emplea a diez millones de trabajadores.</strong></h4> Así se desprende del estudio <em>Las empresas con propósito y la regulación del Cuarto Sector en Iberoamérica</em>, el primero que se ha llevado a cabo sobre el tema y que fue presentado este pasado en Santo Domingo por <strong>la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; el director regional para América Latina y el Caribe de PNUD, Luis Felipe López Calva; y la vicepresidenta de Regiones, Estrategia y Política del IDRC, Julie Shouldice.</strong> El Cuarto Sector está formado por empresas que combinan la misión social o medioambiental con la autosostenibilidad financiera a partir de la generación de ingresos procedentes del mercado. En ello se diferencia de los otros tres sectores, el público (entidades estatales), el privado (empresas con fines de lucro) y el sector sin fines de lucro (organizaciones no gubernamentales), los cuales ya cuentan con sus propios marcos legales y sus propios ecosistemas de apoyo para generar rentabilidad económica e impacto social y ambiental. Las “empresas con propósito” del Cuarto Sector cuentan cada vez con más respaldo legislativo en los países de Iberoamérica a través de la figura jurídica de las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo, un “instrumento innovador de América Latina”. <strong>En la actualidad ya existen legislaciones sobre la materia en res países (Colombia, Ecuador y Perú) y se estén discutiendo proyectos de ley en otros siete países (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, España, Panamá y México).</strong> El estudio -elaborado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá- fue realizado durante un año en nueve países iberoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, España, México, Perú y Uruguay), pero también analizó otras legislaciones de vanguardia fuera de la región (Canadá, Estados Unidos y Europa). Su objetivo es proponer a los Gobiernos iberoamericanos una serie de medidas de política pública para impulsar a las empresas también conocidas como "B" de economía circular y, por ello, hace un llamamiento a los Estados a que promuevan la compra pública sostenible, dando preferencia a este tipo de empresas, y a que concedan beneficios fiscales a aquellas compañías que generen un impacto social y medioambiental positivo. Según un estudio de la SEGIB hecho público el pasado jueves, <strong>hasta 2019 se establecieron unas 170.000 empresas "con propósito"en Iberoamérica, donde emplean a 10 millones de personas y aportan el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) regional.</strong>
